La situación de los derechos de las mujeres y la violencia de género en Nicaragua es alarmante y ha empeorado significativamente en los últimos años. Esto se evidencia en el aumento de casos de feminicidio, violencia doméstica y sexual, así como en la clausura y reapertura intermitente de las Comisarías de la Mujer, lo que afecta su efectividad. Además, el cierre de organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos de las mujeres, junto con la deficiente implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, no garantiza la protección efectiva de las mujeres.
Según datos del Observatorio Voces, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir Nicaragua (CDDN), entre 2010 y 2023, 921 mujeres nicaragüenses han sido víctimas de la violencia machista, tanto dentro como fuera del territorio nacional. El año 2023 ha sido el de mayor número de víctimas registradas, y se prevé que 2024 podría superarlo, ya que hasta la fecha se han registrado 76 mujeres cruelmente asesinadas.
Para la bachiller en derecho y activista feminista costarricense Miryam Badilla, el feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia de género y se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Badilla añade que esto usualmente ocurre a manos de su pareja actual o exparejas, aunque también puede ser perpetrado por personas con las que no tienen ni tuvieron ningún vínculo. A su vez remarcó que «Esto [el feminicidio] no es ni de cerca la única manifestación de violencia que experimentamos las mujeres”.
El artículo 8 de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, contempla diversas formas de violencia contra la mujer, incluyendo la misoginia, la violencia física, la violencia en el ejercicio de la función pública, la violencia laboral, la violencia patrimonial y económica, la violencia psicológica y la violencia sexual.
Además, se agrega que la violencia hacia las mujeres, en cualquiera de sus formas y ámbitos, debe ser considerada una manifestación de discriminación y desigualdad que enfrentan las mujeres en las relaciones de poder, y debe ser reconocida por el Estado como un problema de salud pública y de seguridad ciudadana.
Una Ley a la medida del agresor
La Ley 779, aprobada el 22 de junio de 2012, establece el femicidio como el delito cometido por un hombre en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que resulta en la muerte de una mujer en el ámbito público o privado. La ley impone una pena de 15 a 20 años de prisión si el hecho ocurre en el ámbito público, y de 20 a 25 años de prisión si ocurre en el ámbito privado. Además, se establece la pena máxima si concurren dos o más de las circunstancias de femicidio contempladas en la ley. Sin embargo, el reglamento de la Ley 779, Decreto 42-2014, relega el delito de femicidio al ámbito privado.
El reglamento también incluyó la figura de mediación y establece en su artículo 9 una ruta de acceso a la justicia que inicia en las comunidades. Solo si los “conflictos” no se resuelven mediante la consejería familiar en la comunidad, las mujeres tendrían la opción de acudir a la Comisaría de la Mujer y Niñez o al Ministerio Público, quienes las remitirían al Ministerio de la Familia.
Ante esta situación, el amplio movimiento de mujeres en Nicaragua rechazó la figura de mediación, ya que, en lugar de contener la violencia, provocaba su aumento y dejaba a las mujeres desprotegidas ante la violencia de género, promoviendo la impunidad del agresor.
Las organizaciones feministas en Nicaragua han tenido una valoración crítica sobre la efectividad de la Ley 779 debido a problemas en su implementación y la falta de apoyo institucional adecuado. Si bien reconocen que esta ley representa un avance en la legislación nacional para proteger los derechos de las mujeres y abordar la violencia de género, también han señalado varias deficiencias en su implementación y aplicación.
Una de las principales críticas es la falta de recursos suficientes para implementar la ley de manera efectiva. Esto incluye la falta de personal capacitado, de refugios seguros para las víctimas y de programas de prevención y atención integral, subrayando la necesidad de una estrategia articulada para frenar el aumento de la violencia machista.
Así mismo, diversas organizaciones feministas, han destacado la alta tasa de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres acompañado de un desmantelamiento de las iniciativas autónomas que brindaban apoyo y atención a las mujeres en situaciones de violencia.
Comisarías de la Mujer, una piedra en el acceso a la justicia para las mujeres
Las Comisarias de la Mujer, jugaron un papel importante respecto al acceso a justicia para las mujeres de violencia, sobre todo durante los años 2012, 2013 Y 2014. Sin embargo, estas fueron clausuradas a principios de 2016, generando una gran controversia y preocupación para las defensoras feministas.
El gobierno de Daniel Ortega argumentó que el cierre se debía a la necesidad de reasignar recursos a otras áreas prioritarias. Sin embargo, el cierre de las comisarías se enmarcó en una estrategia más amplia del gobierno para debilitar instituciones independientes y críticas, como las organizaciones de la sociedad civil.
En un artículo de Ruth Marina Matamoros, publicado en abril de 2016 en la Revista Envío, la psicóloga feminista e integrante del Grupo Venancia de Matagalpa, organización clausurada y confiscada por la administración de Ortega y Murillo en junio de 2022, afirmó que el desmantelamiento y debilitamiento de las Comisarías de la Mujer se debía situar en la decisión del Poder Ejecutivo de modificar la Ley 779.
“Casi inmediatamente después de su aprobación, la ley tuvo activos detractores que interpusieron contra ella recursos de inconstitucionalidad. Decían que la Ley 779 atentaba contra el principio constitucional de igualdad de todos ante la ley y que, por tanto, si había una ley especial contra la violencia hacia las mujeres debía haber una ley especial contra la violencia hacia los hombres. El obispo de Estelí, Abelardo Mata, llegó a afirmar que la bestia apocalíptica ya no tenía el número 666, sino el 779”, señaló.
Tras varias críticas, las Comisarías de la Mujer fueron reabiertas en 2020. Sin embargo, su funcionamiento sigue siendo limitado y no se han abordado las causas profundas de la violencia contra las mujeres en el país.
Cristiana Huerta, trabajadora social y activista feminista nicaragüense, comenta que las comisarías no están cumpliendo con su función y que contrario a facilitar los procesos para que las mujeres víctimas puedan acceder a justicia, lo entorpecen.
“Este intento es totalmente un fracaso. Las mujeres están buscando apoyo fuera de estas [las comisarías] porque no están obteniendo respuestas de parte de la Policía, ni de ninguna otra instancia, incluido el Ministerio de la Familia (…) están atendiendo de una manera violenta, que termina negando el derecho a que se defiendan tus derechos básicos y te dejan en una situación de desprotección total.”, señaló.
María Teresa Blandón, socióloga, política, académica y activista feminista, añade que pese a que el gobierno de Nicaragua, a través de la Policía Nacional habla sobre la existencia de las Comisarías de la Mujer y su éxito, dichos logros no son vividos por las mujeres en Nicaragua.
“Nadie sabe dónde están, o sea, son invisibles, porque las mujeres dicen: yo voy, y nadie me atiende o el policía que me atendió, me dice que me vaya a arreglar con mi marido, que me vaya a mediar con él, o me reciben la denuncia, pero ni siquiera la meten en el sistema o me dicen que vaya a una estación donde yo voy a meter mi denuncia en línea, pero lo hago y después nadie me dice nada, nadie le da seguimiento o llamo a la línea 118 y nadie responde. Entonces es una burla, una estafa y si por eso fuera poco, la inacción del estado, luego se convierte en complicidad”, enfatizó.
En una conferencia de prensa, el comisionado general Jaime Vanegas, Inspector General de la Policía Nacional, junto a la comisionada general Jessenia de los Ángeles Loáisiga Avellán, co-jefa nacional de las Comisarías de la Mujer, informaron que, al jueves 21 de noviembre, Nicaragua cuenta con 375 Comisarías de la Mujer. Estas comisarías atienden a 60 mil «compañeras mujeres protagonistas» en los 153 municipios del país.
Estas conferencias se realizan para dar a conocer los resultados en la implementación del Plan de Prevención y Seguridad dirigido a Madres de Familia de la Comisaria de la Mujer, a través de visitas casa a casa y asambleas con la comunidad sobre seguridad en los hogares en articulación con los Bomberos Unidos.
La violencia y las mujeres en Nicaragua
La situación de la violencia de género contra las mujeres en Nicaragua es alarmante y compleja, caracterizada por una serie de factores interrelacionados como la alta prevalencia de mujeres que han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, los subregistros que subestiman la magnitud del problema y un Estado sin voluntad real para abordar la problemática.
Sobre el tema, Huerta advierte que, en el último año, se han incrementado las denuncias sobre pensión alimenticia. Esto está estrechamente vinculado con el elevado índice de migración que Nicaragua ha experimentado en los últimos años.
“La mayoría de las mujeres te dicen que el padre de la criatura se fue a otro país, y al irse a otro país se olvidó que tenía hijo, aunque Nicaragua tenga ratificado convenios de atención para la infancia con España, Estados Unidos y Panamá, como los hombres están migrando de manera irregular, entonces no queda quien, a denunciar, además de eso, la mayoría de las mujeres en Nicaragua son obreras y no tiene para pagar abogados. Mucho menos que el sistema nicaragüense les apoye para hacer semejante trámite”, comentó.
Asimismo, Huerta hace hincapié en el aumento de los casos de violencia intrafamiliar y violencia digital. Señala que las mujeres tienen miedo de acudir a la policía y no saben qué hacer, porque si bien existe una ruta de denuncia, no se está ejecutando de manera correcta por la falta de personal calificado, el proceso se vuelve revictimizante para las mujeres y la mediación se está volviendo una herramienta del diario vivir.
Sobre la violencia digital, Huerta expresa que, aunque esta se encuentra tipificada como delito, las mujeres siguen siendo víctimas de este tipo de agresión. Existen grupos en WhatsApp y Telegram donde sus fotos íntimas se están compartiendo, sin que las autoridades tomen medidas al respecto.
“Únicamente se sabe de un caso que fue mediático y sabemos que hubo respuesta, pero las mujeres de los barrios, las chavalas adolescentes, las mujeres que no tienen ninguna influencia, están en una total desprotección, porque tenés personas inoperantes que no quieren hacer cumplir lo que estable la ley. O te salen con el cuento que hay una saturación” dijo.
En sus declaraciones, Huerta advierte sobre la implementación de un régimen de castigo para aquellas mujeres reconocidas como opositoras o que tuvieron algún grado de participación ciudadana en las protestas de abril de 2018. Una vez que se acercan a la estación de policía y son identificadas, se les niega la atención y, como justificación, se les señala su participación.
“Personas que no son precisamente activistas, ni trabajan en la defensoría de los derecho humanos, pero salieron a protestar, pusieron sus bandera, sus cuerpos, sus identidades, están viviendo represalias (…) recientemente tuvimos un caso de intento de parricidio en Carazo, y a pesar de las pruebas de amenaza, solo le decían que volviera y hasta que la abuela les lloro diciendo que solo quería proteger a su nieta, le expresaron que ella sabía lo que había hecho (…) Los jefes de sector, la misma policía las tiene mapeada”, remarcó.
Hasta octubre de 2024, el Observatorio Voces de Católicas por el Derecho a Decidir Nicaragua registró 63 mujeres víctimas de feminicidio, tanto dentro como fuera de Nicaragua, siendo marzo y mayo los meses con mayor número de casos. Asimismo, se ha identificado un aumento en los asesinatos por desmembramiento y la calcinación parcial o total de las víctimas como método de feminicidio, además de la concurrencia de dos o más métodos de violencia hacia las víctimas.
Para Blandón, en Nicaragua la violencia hacia las mujeres, niñas y adultas mayores ha evolucionado e incrementado porque proviene de todas partes. Esta violencia no solo fomenta y alimenta, sino que también justifica y tolera todas las formas de violencia que experimentan las mujeres en Nicaragua. Esto facilita el establecimiento de normas discriminatorias que colocan a las mujeres en un lugar inferior y otorgan a los hombres privilegios sobre ellas.
“(…) viene de todas partes y va preparando a los hombres, para normar la vida de las mujeres, para invadirla, controlarla y para castigarlas. Va preparando a las niñas para ser obedientes, sumisas, para callarse, para aguantar, a veces incluso en nombre de un mal llamado amor. (…) va creando unas condiciones para que unos agredan y otros aguantes y para que la gente vuelva a ver para otro lado, y para que se vea normal que un novio controle a la novia, le quite el celular, les quite las claves del teléfono, que la vigile, que le impida hablar con sus amistades o salir. Que la va a sacar a la fuerza de una fiesta. (…) que les enseñan que el cuerpo de las mujeres puede ser un cuerpo violable, que si ellos, por pereza, por estar aburridos, quieren molestar una mujer, quieren invadirla, quieren acosarla, pues tienen derecho a hacerlo, porque la otra (…) no tiene derecho sobre su cuerpo y su cuerpo es para eso, para ser violado. Todas estas manifestaciones cotidianas de la violencia tienen que ver con estos discursos con estas enseñanzas que recibimos en la infancia” resaltó.
Blandón indicó que Nicaragua carece de una estrategia estatal y de políticas integrales para enfrentar los casos extremos de violencia y crímenes ejercidos desde el poder patriarcal más brutal. Como evidencia de esto, el país no dispone de un sistema confiable que registre el comportamiento de la violencia machista, basado en la sistematización de los datos de denuncias de mujeres, debido a que los datos del Instituto de Medicina Legal, la Policía Nacional y el Ministerio Público se contradicen entre sí.
“Y como hemos dicho en reiteradas ocasiones. Una cartilla no resuelve, no solo porque una cartilla es uno de tanto instrumento de educación, sino también porque es una cartilla mal hecha. La cartilla que habla de la violencia no dice nada, usted la lee y no permite entender por ejemplo, que es la violencia de género, no permite entender quien la ejerce, quienes son las principales víctimas, no permite entender cuáles son sus causas, tampoco explica claramente los mecanismos que existen para que las victimas puedan denunciar, tampoco dice qué va a hacer el estado para proteger a las víctimas, de tal manera que es una especie de burla hacia las víctimas, pretender que con una cartilla se va a resolver un problema estructural de tal magnitud”, subrayó.
El papel del Estado ante la violencia hacia las mujeres
Badilla explica que los estados tienen la responsabilidad de crear planes nacionales y locales de acción, orientados hacia la prevención y el cuidado comunitario, y no únicamente en la atención de lo ya sucedido [los femicidios]. Asimismo, deben garantizar el acceso universal a los servicios esenciales e invertir en programas de prevención y atención especializada.
“Es necesario que los Estados logren hacer que la justicia sea más accesible a las mujeres y a las niñas, que los métodos de denuncia sean menos burocráticos, complicados y al contrario divulgarlos y hacerlos más sencillos, así mismo es necesario trabajar en planes de formación integral y sensibilización para personas funcionarios que atiende de forma directa a las víctimas como los cuerpos policiales y judiciales”, explicó.
Sobre Nicaragua, Blandón señala que los Estados tienen un rol normativo y garante de derechos, así como un rol punitivo, pero en ninguno de los casos [Nicaragua] está cumpliendo con esa función. Por el contrario, es un Estado que condena a las mujeres a la cárcel cuando toman decisiones. Una prueba muy clara de esto es la penalización absoluta del aborto.
“Que pasa que el Estado también es un Estado patriarcal, también es un Estado que responde a ese orden de género desigual y discriminatorio. Un Estado omiso, ineficiente y errático en el abordaje de la violencia”, menciona Blandón.
Huerta agregó que, el papel de Nicaragua sigue siendo negligente, patriarcal, machista e incluso sexista. “En el mismo momento en que vos pones a un hombre como Daniel Ortega que violó a una infanta, tenés de referencia que la impunidad es un tema que impera en Nicaragua y es bastante doloroso que ocupen el tema de las Comisarias de la Mujer, como que ya estamos bien con esto, cuando claramente las persona que están ahí, no son las idóneas para atender a otras mujeres”, señaló.
Badilla explica que, como defensoras y activistas, las mujeres se enfrentan, de por sí, al riesgo que representa en Latinoamérica ser manifestante y oposición, pues le expone a la violencia policial y al inacceso a la justicia, así como a los ataques que las que las someten las narrativas de invalidación basadas en argumentos personales y religiosos. A esto, se suma la lucha contra la desinformación que con la amplitud del entorno digital se ha profundizado y los interés económicos, políticos y religiosos que contraria los derechos y la búsqueda de justicia.
Para Huerta, esta violencia estructural, se suma a los motivos por los que las mujeres nicaragüenses están migrando. “Las mujeres se están yendo un por tema de necesidades económicas fuertes y también por la desprotección en la que se encuentran. ¡¿Quién está hablando de ellas?, ¡¿Dónde situamos a estas personas que están hipervigiladas, que no necesariamente tiene la etiqueta de feminista?!”, Señaló.
Una violencia que migra con ellas
En el contexto centroamericano, marcado por altos índices de violencia y desigualdad de género, las mujeres migrantes nicaragüenses se encuentran en una situación particularmente vulnerable. La migración forzada, motivada por la violencia política y económica, las expone a nuevos riesgos y desafíos en sus países de destino, donde enfrentan barreras que dificultan su acceso a la justicia.
Las mujeres migrantes nicaragüenses enfrentan una realidad alarmante. La violencia de género, un problema grave en Nicaragua, se intensifica en sus nuevos entornos, donde son víctimas de diversas formas de abuso, desde la violencia física y psicológica hasta la explotación laboral y sexual. Barreras como el desconocimiento de sus derechos, la falta de documentación y el miedo a la deportación las disuaden de denunciar y buscar protección, perpetuando un ciclo de violencia y vulnerabilidad.
Las mujeres nicaragüenses han emigrado a diversos países en busca de mejores oportunidades de vida y seguridad. Sin embargo, los principales destinos de migración femenina desde Nicaragua en los últimos años han sido Costa Rica, Estados Unidos y España.
Huerta explica que, en el caso de Estados Unidos, muchas mujeres llegan huyendo de la violencia de género de la que fueron víctimas. Al no encontrar respuesta en el sistema que se supone debe protegerlas, dejan la carga familiar del cuidado de sus hijas e hijos en las abuelas que se quedan en Nicaragua. Para enfrentar sus propias dificultades económicas, estas mujeres se ven trabajando de forma irregular en fábricas donde ganan entre 10 y 11 dólares por hora.
“Muchas están aquí por un tema de violencia de género, porque tenían casos de policías que intentaron asesinarla o gente con cargos públicos en Nicaragua, sin embargo, ellas tienen desconocimiento de que sus casos también son temas de persecución por temas de género, porque por ser mujer atentaron contra sus vidas y es duro, porque son mujeres que vienen y la carga familiar recae en las abuelas”, detalló.
Sobre Costa Rica, Claudia Vargas, integrante de la Liga Feminista de Refugiadas Políticas, un colectivo que nació en el exilio hace dos años, comenta que la mujer migrante está desprovista de sus redes de apoyo que le brinden algún tipo de orientación sobre cómo enfrentar la institucionalidad de Costa Rica, donde existen muchos protocolos para hacer una denuncia. Además, menciona las limitaciones económicas, ya que a pesar de que los procesos son gratuitos, la movilización y los gastos asociados suelen ser factores que desaniman a las mujeres a acercarse a estas instituciones.
“En Costa Rica existen muchos protocolos para acceder a las instituciones y resulta como difícil para las mujeres que no tiene redes o saber cómo funcionan las instituciones, ¿cómo llegar a hacer una denuncia?, ¿dónde debo de ir y cómo debo de ir? (…) además, necesitas recursos para movilizarte, acompañamiento de tus redes, acompañamiento psicológico y acompañamiento institucional, todo eso tiene un costo, aunque uno diga que la justicia es gratuita también resulta agotador y cansado ir a poner la denuncia, hay que llevar algo de recurso o llevar tu comida porque se puede pasar mucho tiempo ahí esperando que te atiendan”, subrayó.
A su declaración suma que el ser mujer migrante ya te expone a una serie de estigmas que te colocan [a las mujeres] en una posición de desventaja e inadmisibilidad para poner tu denuncia. Vargas expresó que por sí mismo, ya es difícil y cansado para una mujer costarricense, esto es más complicado para las mujeres nicaragüenses migrantes. “Hay un tema de xenofobia de por medio y eso complica más la situación de las personas que quieren acceder algún tipo de justicia. La justicia también es patriarcal.”, remarcó.
Al ser Costa Rica un país de extrema carestía, el factor económico profundiza la situación de vulnerabilidad en las que viven las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica, teniendo que vivir en casas con personas que no conoce y donde sufre mucha violencia sexual, física y psicológica que intensifican el drama del proceso migratorio mismo.
Para las mujeres migrantes, la integración laboral les significa un desafío pues la narrativa que prima, incluso en organismo de cooperación multilaterales como la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es que las mujeres migrantes deben ser emprendedoras porque las posibilidades de integrarse a un trabajo formal es más difícil, debido a la falta de reconocimiento en tus capacidades, cualidades y cualificaciones académicas profesionales. Pero el poder convertir el “emprendimiento” en un escenario para subsistencia digna, requiere de habilidades y procesos que, sin un estatus migratorio firme, es imposible de lograr, orillando a las mujeres al trabajo domestico o informal, donde viven explotación laboral.
“Muchas veces lo que te queda es el trabajo de domestica o informales donde la ley no quiere llegar. Las mujeres que trabajan de domestica no les interesa llegar ahí, no les pagan, las contratan por tres meses para no realizar una contratación, las despiden y nos les pagan y las mujeres no saben dónde ir a poner la denuncia. Es desgastante económica y emocionalmente. Todo esto se suma al discurso oficial en el ambiente político, un discurso antinmigrante que anula a las mujeres migrantes”, dice Vargas.
Vargas enfatizó en la capacidad de resiliencia que tienen las mujeres nicaragüenses en condición de migración, que les hace asumir roles de sobrevivencia económica y roles de cuidados que son desgastante.
En el caso de España, Maryorit Guevara, presidenta del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, señala que las mujeres migrantes enfrentan una subrepresentación frente a la violencia machista. Aunque al menos el 35% de los casos de asesinato involucran a migrantes, las entidades no han logrado un enfoque interseccional que evidencie otras condiciones de vulnerabilidad, como la falta de redes y el poco conocimiento de los recursos disponibles. También menciona que la actual Ley de Extranjería solo permite acceder a documentación para obtener permiso de residencia y trabajo después de dos años en España. Según su opinión, esta es la principal causa que silencia a las mujeres víctimas de violencia en situación irregular, ya que temen ser deportadas por un sistema racista.
Agregó que las barreras institucionales, como la Ley de Extranjería y los lentos procesos de homologación, generan una dependencia económica que perjudica a las mujeres migrantes, ya que orientan su actividad económica hacia el sector de cuidados, donde no existen condiciones laborales mínimas ni salarios dignos.
“Estas situaciones la viven todas las mujeres migrantes, sin embargo, en el caso de Nicaragua la situación política del país, para aquellas que han salido por persecución, es otra barrera porque tampoco pueden tramitar documentos de identidad o bien de estudios, eso las vulnerabiliza al tener que iniciar de cero”, detalló.
Guevara destaca que las mujeres migrantes en España enfrentan violencia institucional, así como violencia física, psicológica, económica y patrimonial ejercida por sus parejas, con una diferencia si estas [sus parejas] son originarias de España o connacionales.
“En el sentido que frente a los autóctonos las mujeres migrantes quedan más desprotegidas por un sistema racista que además pone bajo sospecha el testimonio de las mujeres y si son migrantes la sospecha es mayor. Pero también porque no tienen redes familiares y de amigos que si operan en favor de los agresores que en situaciones de irregularidades hasta amenazan con denunciarlas para que la deporten. Con sus connacionales siempre están bajo amenazas por ejemplo de regresarse al país y arrebáteles a sus hijos”, señaló.
La experiencia de las mujeres migrantes nicaragüenses demuestra cómo se entrelazan múltiples factores de vulnerabilidad, como el género, la nacionalidad, el estatus migratorio y la condición socioeconómica. Estas interseccionalidades las exponen a un riesgo desproporcionado de sufrir violencia de género y limitan su acceso a mecanismos de protección y justicia.
Una educación transformadora, para la erradicación de la violencia
La educación transformadora juega un papel fundamental en la erradicación de la violencia de género. Va más allá de la simple transmisión de conocimientos; es una herramienta poderosa que puede desafiar las normas sociales y culturales que perpetúan la desigualdad y la violencia hacia las mujeres. Además, fomenta la participación de todos los actores, en la creación de comunidades más seguras y justas, donde la violencia no sea tolerada.
Blandón comenta que la reflexión que nos deja el alarmante escenario de violencia que viven las mujeres en Nicaragua es que cuando el estado no actúa, la propia sociedad tiene que movilizarse y tomar conciencia.
“Tenemos que sensibilizarnos con la problemática de la violencia. Cada persona, cada hombre, mujer, cada familia cada congregación religiosa, cada grupo de fe. Cada maestra, maestro, tiene que hacer su parte y tiene que desarrollar una pedagogía que nos enseñe el respeto, el valor de la igualdad y la no discriminación, que nos enseñe que es mejor vivir sin violencia, que es mejor sin vivir sin miedo porque si nos liberamos de esa forma de violencia, vamos a poder construir relaciones, de cooperación entre hombres y mujeres y vamos a poder enfrentar otros desafíos terribles que vivimos como el de la pobreza, el de la discriminación, como el de la propia violencia de Estado que es una realidad tan presente en un país como Nicaragua”, concluyó.
Periodista/Investigadora: Guadalupe Solís Lacalle
