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En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha publicado su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa (2025), una herramienta que analiza, evalúa y compara la situación de la libertad de prensa en 180 países y territorios a nivel global. Publicado anualmente desde 2002, este reporte examina la libertad de prensa a través de cinco indicadores clave: contexto político, marco jurídico, contexto económico, contexto sociocultural y seguridad, analizando cómo la situación de estos factores impacta directamente en la labor de la prensa en cada nación.
La clasificación se fundamenta en una puntuación asignada a cada territorio, que oscila entre 0 y 100 puntos. Esta puntuación se calcula a partir del registro de ataques perpetrados contra medios y profesionales de la comunicación en el ejercicio de su trabajo, así como de la evaluación de la situación en cada país a través de las respuestas de expertos en libertad de prensa a un exhaustivo cuestionario elaborado por RSF en 25 idiomas.
El Mapa de la Libertad de Prensa presenta una representación visual concisa de los resultados de cada país en la Clasificación Mundial. La codificación por colores ilustra el nivel de libertad de prensa, desde el verde, que señala una «buena situación» con puntuaciones entre 85 y 100 puntos, hasta el rojo oscuro, que clasifica a los países con puntuaciones entre 0 y 40 puntos como de «situación muy grave».
Los resultados correspondientes a 2025 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa evidencian un descenso sin precedentes y de carácter alarmante en el indicador económico. Este indicador, que ya se había situado por debajo de los 55 puntos en 2022, continúa su trayectoria descendente desde 48.7 en 2023 hasta alcanzar un crítico 44.1 en 2025.
Artur Romeu, director de RSF America Latina, explica que el indicador económico evalúa las condiciones necesarias para que el periodismo se ejerza con independencia editorial frente a las presiones económicas. Estas presiones pueden originarse en diversos actores. Por un lado, pueden provenir de agentes públicos, manifestándose en leyes restrictivas como la de Nicaragua sobre agentes extranjeros u otras normativas que imponen cargas administrativas sobre los medios.
Por otro lado, Romeu señala que las presiones económicas también pueden estar ligadas a dinámicas de mercado o factores estructurales. Esto incluye la influencia de los anunciantes o incluso la injerencia de los propietarios de los medios en las redacciones. Esta injerencia busca orientar la cobertura de ciertos temas, limitando la libertad editorial en función de los intereses particulares de los dueños, más allá de la línea editorial del medio en sí.
Esta grave situación lleva a Reporteros Sin Fronteras a declarar, por primera vez en la historia del ranking, declara que la situación de la libertad de prensa a escala mundial se ha vuelto «difícil».
El análisis de RSF también señala que el segundo mandato de Donald Trump ha exacerbado esta situación, utilizando pretextos económicos para subyugar a la prensa como lo sucedió con la suspensión de la financiación de la Agencia de Estados Unidos para los Medios de Comunicación Globales (USAGM) que incluía a la Voice of America (VOA) y Radio Free Europe/Radio Liberty, lo que ha privado abruptamente a más de 400 millones de personas en todo el mundo de acceso a información confiable. De manera similar, la congelación de fondos de cooperación manejados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sumido a cientos de medios en una inestabilidad económica crítica, forzando el cierre de algunos de ellos.
Un factor adicional que RSF destaca es la hegemonía de los «GAFAM» (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) en la difusión de noticias. Su limitada regulación les permite acaparar una porción cada vez mayor de los ingresos publicitarios, asfixiando la sostenibilidad económica del periodismo. Más allá de este impacto financiero, estas plataformas también fomentan la proliferación de contenido manipulado y engañoso, intensificando la crisis de la desinformación. Sumado a esto, la concentración de la propiedad de los medios, particularmente la estatal presente en 46 naciones, socava la pluralidad informativa y agrava el declive del indicador económico.
En palabras de Anne Bocandé, directora editorial de RSF: “Garantizar un espacio mediático plural, libre e independiente requiere condiciones económicas estables y transparentes. Sin independencia financiera, no hay prensa libre. Cuando los medios de comunicación son económicamente frágiles, se ven arrastrados a la carrera por la audiencia, a costa de la calidad, y pueden convertirse en presa de los oligarcas o de responsables políticos que los instrumentalizan. Cuando los periodistas se empobrecen, ya no tienen medios para resistir a los adversarios de la prensa, los pregoneros de la desinformación y la propaganda. Es necesario restaurar una economía de los medios que sea favorable al periodismo y que garantice la producción de información fiable, una producción necesariamente costosa. Existen soluciones, que deben aplicarse a gran escala. La independencia financiera es una condición vital para garantizar una información libre, fiable y al servicio del interés general”.
De Arévalo a Ortega
En Centroamérica, la violencia contra periodistas se ha consolidado como una preocupante realidad, evidenciándose en casos de intimidaciones, agresiones y vigilancia, incluso instrumentada a través de leyes o políticas estatales con el objetivo de silenciar voces disidentes y el escrutinio público. La censura y las presiones gubernamentales son especialmente notorias en administraciones como las de Nayib Bukele, Rodrigo Chaves, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes lideran ataques públicos directos contra la prensa independiente. De igual manera, el gobierno de Xiomara Castro en Honduras ha recurrido a la militarización e intervención de medios de comunicación con el respaldo de las fuerzas militares del país.
Según el informe de RSF para 2024, Nicaragua y Honduras ya enfrentaban graves desafíos en materia de libertad de prensa, mientras que El Salvador y Guatemala se encontraban en situaciones comprometidas. Para 2025, el panorama regional en las Américas revela que solo un 17.86% de los países se sitúan en una categoría de «situación bastante buena» (amarilla).
En el ranking mundial, Costa Rica se encuentra en el puesto 36, seguido de El Salvador y Guatemala en los puestos 135 y 138, respectivamente. Mientras que Honduras se sitúa en el 142 y Nicaragua en el 172, convirtiéndose en los países centroamericanos más peligrosos para el periodismo.
Costa Rica
Históricamente, Costa Rica ha mantenido una posición privilegiada en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en la región. Si bien en la edición actual se ubica en el puesto 36, dentro de la categoría «satisfactoria» RSF, advierte sobre un retroceso significativo. En años anteriores, Costa Rica llegó a ocupar posiciones mucho más favorables, alcanzando el puesto 5 en 2021, y manteniéndose entre los diez mejores hasta 2022 (puesto 8), seguido de las posiciones 23 y 26. Esta trayectoria descendente genera preocupación, especialmente en un contexto regional marcado por una creciente hostilidad hacia el periodismo.
Romeu subraya que, a pesar de este deterioro, Costa Rica aún se distingue en la región por garantizar el derecho a la libertad de prensa en mayor medida que otros países de Centroamérica y América Latina. No obstante, la llegada del presidente en los últimos años de su mandato ha introducido en su gobierno una lógica similar a la observada en otros líderes regionales. Esta lógica se manifiesta en una retórica pública agresiva y de confrontación hacia los medios, caracterizada por el señalamiento y la estigmatización, así como por obstáculos en el acceso a la información.
“Estas retóricas generan un ambiente disuasivo para periodistas y medios que cubren temas sensibles” señaló.
El Salvador
En la Clasificación de 2024, el país se ubicaba en el puesto 133, descendiendo a 135 en la edición actual. Si bien esta caída anual podría parecer modesta, al analizar la trayectoria histórica de El Salvador, la situación se revela crítica y singular. Desde 2021, el país ha perdido 61 posiciones en la clasificación. Esta tendencia descendente se observa desde 2014, pero se agudiza significativamente a partir de 2021.
Para Artur Romeu, Esta marcada caída resulta difícil de separar de la administración de Bukele, pues desde su llegada al poder en 2019, ha implementado una estrategia sistemática de cooptación de los medios públicos, la construcción de un aparato de propaganda estatal y la estigmatización, amenaza y deslegitimación de los medios de comunicación y periodistas que realizan labores de investigación.
Guatemala
Gracias a la evolución de sus indicadores individuales, Guatemala mantuvo su posición 138 en la última edición. Específicamente, el indicador político, que mide la injerencia de actores políticos en la independencia editorial de los medios, experimentó una mejora significativa, pasando de 33 puntos en 2024 a 39 en 2025. Esta mejora sugiere una percepción de mayor independencia editorial frente a las presiones políticas, un fenómeno que Romeu vincula con la llegada del presidente Bernardo Arévalo.
“Arévalo ha expresado públicamente su compromiso con la garantía y defensa de la libertad de prensa, manifestándose en diversas ocasiones sobre la situación de José Rubén Zamora y manteniendo un discurso favorable a la libertad de expresión. La actitud general del poder ejecutivo se percibe como pendiente y atenta a estos temas», indicó.
Sin embargo, la postura del gobierno central no se ha traducido en una mejora de las condiciones estructurales para el ejercicio del periodismo pues figuras como el Poder, Judicial, el Ministerio Público y su fiscal general, han adoptado durante varios años una postura de criminalización del periodismo y de los medios.
De manera similar, el indicador económico de Guatemala también experimentó un descenso de cinco puntos, lo que indica una percepción de mayor fragilidad e inestabilidad financiera de los medios por parte de los expertos guatemaltecos consultados. En conclusión, Romeu considera que Guatemala ofrece un caso de estudio valioso para analizar en profundidad la complejidad de la libertad de prensa en la región.
Honduras
El país experimentó un ascenso de cuatro posiciones en la clasificación. Sin embargo, no se percibe una mejora sustancial en las condiciones para el ejercicio del periodismo. Este movimiento en la clasificación parece estar más relacionado con cambios en la posición de otros países cercanos que con una mejora intrínseca en la situación hondureña. La puntuación del índice de Honduras varió en tan solo 0.32 puntos
Esta observación cobra mayor relevancia en el contexto del año electoral hondureño, con elecciones programadas para noviembre. El ambiente político se está intensificando, marcado por la polarización y la discusión. Desde finales del año anterior, se ha observado una tendencia del gobierno a utilizar acciones judiciales por difamación contra medios y periodistas. Tanto las Fuerzas Armadas como secretarios de Estado han iniciado procesos legales contra diversos medios, lo que genera considerable preocupación en el período previo a las elecciones.
Honduras se ubica en la posición 142 de la clasificación, situándose entre los países de la región con una situación calificada como grave “Son pocos los países de la región que comparten esta preocupante ubicación, siendo Nicaragua, Cuba, Venezuela y Honduras los ejemplos más destacados», expresó Romeu.
Nicaragua
Nicaragua ahora se sitúa en el puesto 172. Por primera vez, un país ha descendido por debajo de Cuba que Cuba se encuentra en el 165. Esta situación en Nicaragua es el resultado de una lógica orquestada y planificada de erradicación del periodismo independiente, implementada a lo largo de los últimos años, aproximadamente desde 2018. Además, el país ha experimentado la mayor caída del indicador económico en toda la región, con un descenso de 10 puntos.
Romeu señala que esta estrategia de represión ha afectado de manera general la participación en el espacio cívico, pero con un enfoque particular en el periodismo.
“El periodismo independiente dentro de Nicaragua ha sido objeto de una erradicación total. Actualmente, periodistas permanecen detenidos o en situación de desaparición forzada, como el caso de Fabiola Tercero. Incluso periodistas jubilados, de edad avanzada y que ya no ejercían activamente, sufren acoso, allanamientos domiciliarios, seguimientos y visitas obligatorias por parte de autoridades y fuerzas de seguridad. Además, el gobierno de Nicaragua está fortaleciendo sus estructuras de propaganda, incluso con la participación de Rusia en escuelas y espacios de formación para comunicadores vinculados al Estado. Los principales medios de comunicación son propiedad de la familia Ortega», enfatizó
De acuerdo con diversos informes, los principales países de acogida para periodistas y comunicadores nicaragüenses son Costa Rica, Estados Unidos y España, donde no siempre logran continuar su labor informativa.
Romeu explica que si bien Costa Rica ha mostrado cierta disposición a facilitar algunos procesos administrativos, su apoyo no ha trascendido ese nivel. «No existen estructuras estatales sólidas y bien diseñadas para implementar estrategias de reinserción profesional o para fortalecer la comunidad de periodistas nicaragüenses radicados en San José».
El representante de RSF también destacó la labor de iniciativas de la sociedad civil, como la Casa del Periodismo Libre, gestionada por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) y la DW Akademie, que ofrecen espacios y programas de acogida para apoyar a los medios exiliados. Sin embargo, subraya que la situación general sigue siendo precaria, lo cual es especialmente preocupante dada la significativa capacidad y el amplio alcance que han demostrado tener los medios nicaragüenses en el exilio.
Un reciente informe del Fondo de Apoyo al Periodismo en el Exilio (GX Fund) revela la existencia de 26 medios nicaragüenses exiliados con una considerable audiencia, impacto y diversidad de canales de distribución.
Romeu explica que, «a pesar de esta fortaleza y alcance, estos medios operan en un contexto de extrema precariedad, con políticas de los países de acogida que, en su mayoría, se limitan a facilitar algunos trámites administrativos sin ofrecer un apoyo sustancial». Añade que RSF considera que la situación en España y Estados Unidos es, en muchos sentidos, aún más desafiante. Por ello, concluye que el apoyo al periodismo y a los medios nicaragüenses en el exilio constituye una prioridad fundamental para Reporteros Sin Fronteras, una prioridad que se defiende tanto internamente como en los espacios de diálogo con las comunidades diplomáticas y en los foros internacionales. El objetivo primordial es fortalecer este ecosistema mediático, que depende enteramente de la filantropía y la cooperación internacional ante su incapacidad para sostenerse mediante publicidad o anuncios, lo que representa, en definitiva, un reto de proporciones gigantescas”, concluyó.
La severidad de la situación en Nicaragua queda patente en los resultados del informe, que la colocan dentro de un exiguo grupo de 15 naciones (de 180) a nivel global con una puntuación inferior a 25 puntos en la clasificación. Esta posición crítica subraya la profunda precariedad del entorno para el ejercicio del periodismo en Nicaragua. Consciente de esta realidad y de los desafíos más amplios en la región, Reporteros Sin Fronteras reafirma su creciente compromiso con la libertad de prensa en América Central.
Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, la situación de la libertad de prensa en Centroamérica ha mostrado un comportamiento preocupante en los últimos años. Varios países de la región han experimentado descensos significativos en la clasificación, lo que refleja un deterioro en las condiciones para el ejercicio del periodismo. Factores como la polarización política, la violencia contra periodistas, la concentración de la propiedad de los medios y las presiones económicas han contribuido a este declive generalizado en la región centroamericana.
