La procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, ha avalado el despojo de 35 nuevas propiedades, argumentando «razones sociales». Este nuevo caso se suma a una larga lista de denuncias presentadas por el Colectivo Nicaragua Nunca Más, quienes alertan sobre las expropiaciones en el país.
Las confiscaciones fueron publicadas este 16 de octubre en la Gaceta Diario Oficial, mediante el cumplimiento al artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece que “Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. En virtud de la función social de la propiedad, este derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. Los bienes inmuebles mencionados en el párrafo primero pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley, previo pago en efectivo de justa indemnización…”
Para Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos, miembro del colectivo, estas acciones establecen la posibilidad de un “nuevo patrón”, el cual está dirigida a “seguir despojando de los vienes a los nicaragüenses, obtenidos legítimamente” y que constituyen la práctica de un “verdadero robo”
“La expropiación anunciada el día de hoy es verdadera confiscación, continuación de lo que ya viene haciendo con personas despojadas de su nacionalidad, con cancelaciones de las organizaciones a las cuales también les están confiscando sus bienes” comentó Carrión.
Según la publicación oficial, las 35 propiedades se encontraban en “estado de abandono y que podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana”.
Hasta el momento se desconoce los nombres de los propietarios afectados por las medidas de la Procuraduría, sin embargo, para el Biólogo Amaru Ruiz, “posiblemente sean propiedades de opositores, excarcelados u organizaciones canceladas arbitrariamente por el régimen”.
El pasado 19 de septiembre se conoció de despojo de las propiedades y bienes, que se encuentran en comunidades de Esquipulas, San Carlos y Sang Sang, pertenecientes al asesor presidencial Steadman Fagot, quien también fue despojado de su ganado luego de ser detenido por el ejército de Nicaragua.
De igual manera, el 25 de septiembre, Pablo Cuevas, abogado defensor de derechos humanos en el exilio, denunció que su casa, ubicada en Managua, fue confiscada de facto por autoridades de la PGR, la cual está valorada en 45 mil dólares.
Redacción: Elison Altamirano
