La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) hace pública denuncia por la detención, secuestro y situación de desaparición forzosa de Octavio Enrique Caldera, integrante directivo de esta organización en Masaya. Octavio era estudiante de Contabilidad y fue extraído de su lugar de trabajo en Managua el 13 de agosto de 2025 entre las 3 y las 4 de la tarde. Fecha desde la cual, no se ha tenido ninguna información. “Su paradero, su estado físico y condición de salud son totalmente desconocidos para su familia y para esta organización”, dictó Dolly Mora, secretaria ejecutiva de AUN, en lectura de comunicado.
“Hacemos pública esta denuncia ante la privación ilegal de su libertad, ejecutada sin que se le garantizara el debido proceso ni ninguno de sus derechos. Sus familiares y amigos han sido impedidos de obtener información confiable sobre él”, puntualizó Mora.
Por su lado, Lesther Alemán, presidente de AUN, denunció directamente la vigilancia e intimidación hacia Octavio Caldera y su familia, por parte de los secretarios políticos de la Alcaldía de Masaya y los responsabilizó por su detención.
El 27 de octubre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 74/2025, mediante la cual otorgó medidas cautelares a Octavio Caldera, junto a otras 9 personas, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia en Nicaragua.
De acuerdo con la CIDH, los agentes ingresaron sin presentar órdenes judiciales, utilizando tanto patrullas oficiales como vehículos sin identificación. Las acciones fueron dirigidas por agentes policiales de civil de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), quienes actuaban junto a efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), muchos de ellos encapuchados, lo que aumentó el nivel de intimidación y la imposibilidad de identificar a los responsables directos.
AUN menciona que, desde octubre 2021, Octavio Caldera, ha sido objeto de una persecución sostenida y hostigamiento sistemático por parte de autoridades policiales y funcionarios vinculados al sandinismo, como represalia por su participación en las protestas antigubernamentales de 2018 en Masaya y Managua, así como por su activismo en la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).
Según los informes de la CIDH, la detención se ejecutó mediante un operativo escalonado que inició en su lugar de residencia. El día del arresto, la directora del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) de su barrio, acompañada por dos individuos —uno de ellos encapuchado—, se presentó en su domicilio en el Reparto Trasatlántico de Masaya. Al no localizarlo, el grupo se dirigió a su lugar de trabajo en Managua. Una vez en las instalaciones de la empresa, los oficiales solicitaron al personal que lo contactara para que saliera. Al acceder al parqueo, fue inmediatamente interceptado y detenido sin que se le informaran los motivos de su arresto ni los cargos que pesaban en su contra, constituyendo una clara violación al debido proceso.
A la fecha, persiste la imposibilidad de acceder a los expedientes judiciales que permitan verificar las acusaciones formuladas y los fundamentos de las posibles condenas, negando el acceso a información clave y obstaculizando el derecho a la defensa. Adicionalmente, se ha prohibido la asistencia de abogados privados a los procesos, y se desconoce por completo la identidad de los jueces y fiscales responsables de los casos.
En conferencia de prensa, Max Jeréz, vicepresidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), precisó que el secuestro de Octavio Caldera constituye el séptimo caso de detención forzada de un miembro de AUN registrado a lo largo de los años de trabajo de la organización. Jeréz también informó de la existencia de más casos similares al de Caldera que se mantienen en el anonimato por respeto a la decisión de las familias. Esta reserva se mantiene como una extensión de las represalias y amenazas que enfrentan los familiares de estas víctimas por parte de la administración de Ortega-Murillo.
AUN aseveró, que mantiene constante comunicación con organismos Internacionales de Derechos Humanos, ante los cuales presenta una denuncia permanente que abarca tanto el caso de Octavio Caldera como el de otras personas presas políticas nicaragüenses. Sobre las acciones públicas, Alemán agregó que la organización se encuentra en la fase de lanzamiento de su campaña “Navidad sin Presos Políticos”, una iniciativa que este año cumple su séptimo aniversario. El objetivo estratégico de esta campaña es visibilizar los casos de las personas detenidas para denunciar las violaciones a los DDHH y aumentar la presión internacional para lograr su pronta liberación.
“Yo además aprovecharía este espacio también para exigir de que a las madres se les permita ver a sus hijos o a sus hijas, que les den el acceso a las madres tan siquiera, de saber de sus familias, de tocarlos, de abrazarlos, de escuchar de parte de ellos cómo están. Y esta exigencia va directamente a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Permítanles a las madres de familia conocer ¿Cómo están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? (…) para que la agonía de las familias al menos sea un poco más llevadera.” expresó Alemán.
A la fecha, los reportes más recientes emitidos por la oficina para Nicaragua de Peace Brigades International (PBI) y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) documentan la existencia de 73 personas en calidad de presas políticas en Nicaragua. De este total, al menos 30 individuos se encuentran en una situación de desaparición forzosa. Ambos organismos no solo confirman la magnitud de las detenciones, sino que también advierten sobre el recrudecimiento de la violencia estatal y la alta probabilidad de subregistros en la documentación de estos casos, lo que sugiere que la cifra real de personas detenidas o desaparecidas podría ser considerablemente mayor.
