La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes. Esta legislación surge como una actualización necesaria para regular los avances tecnológicos que la anterior normativa, la Ley 200 o Ley de Telecomunicaciones y Correos, no contemplaba. Con la derogación de la Ley 200, la nueva ley busca beneficiar a la población mediante el desarrollo de infraestructura, la ampliación de la cobertura nacional y la implementación de medidas para prohibir el cobro por servicios no prestados.
La Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). En un comunicado emitido en su pagina web, expresó su inquietud respecto a esta ley porque representa una amenaza directa a la libertad de expresión en el país. La organización asevera que con esta ley aumenta el control gubernamental sobre las telecomunicaciones y podría utilizarse para silenciar voces críticas y restringir el flujo libre de información.
En un monitoreo de medios digitales y radiales afines al gobierno central, se informa que esta ley mejorará los servicios de televisión por cable, telefonía celular e internet. Según una publicación de La Primerísima, todos los nicaragüenses podrán conservar su número telefónico, independientemente de la compañía, logrando así un servicio con justicia económica y equidad tecnológica.
Los usuarios en el país desean que las compañías eliminen prácticas abusivas. «Sería fantástico si se cumple la ley, ya que cancelar un contrato con Claro Nicaragua o Enitel es un verdadero dolor de cabeza. Al intentar dejar un servicio, surgen cobros inesperados, y si uno no paga, siguen facturando, incluso sin usar el servicio», comenta un usuario.
De acuerdo con El 19 Digital, esta ley otorga a las personas con discapacidad auditiva el derecho a que cada empresa de telecomunicaciones proporcione un intérprete para mejorar la asistencia. Además, se exige que la infraestructura cumpla con los estándares de accesibilidad para facilitar el desplazamiento.
Periodista: Andrea Morales
