Asuntos del Sur hizo el lanzamiento de “Escazú Barómetro”, una herramienta que busca monitorear la implementación del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe.
Nicaragua resalta como el segundo país centroamericano con más asesinatos a defensores ambientales en “Escazú Barómetro” de Asuntos del sur, esto según los datos de Global Witness de 2022 y sitúa en amarillo el cumplimiento del acuerdo ratificado en 2020 debido a que “No cuenta con un plan de implementación accesible en su página web, ni menciona el estado de implementación”.
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Para el biólogo y ambientalista, Amaru Ruiz, si bien no existe una cifra exacta sobre la cantidad de defensores ambientalistas asesinados, actualmente hay un aumento en de los asesinatos y los incidentes violentes en contra de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, lo que crea una alerta sobre la situación y pone en riesgo a los defensores.
Según los últimos datos presentados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua”, al menos 46 personas fueron asesinadas (42 hombres y 2 mujeres) en 24 de los 67 incidentes violentos documentados.
“El Grupo de Expertos ha recabado información, incluso varios testimonios, indicando que líderes, guardabosques, defensores y otros activistas indígenas y afrodescendientes, así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil indígenas, afrodescendientes o que defienden los derechos de estas poblaciones, han sufrido campañas de difamación, vigilancia, hostigamiento, amenazas, intimidación, detenciones arbitrarias, criminalización y prohibición de ingreso al propio país por parte de representantes de varias instituciones del Estado, como la policía y el ejército, y de personas vinculadas con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, incluso miembros de la Juventud Sandinista, los Consejos del Poder Ciudadano y los Comités de Liderazgo Sandinista” denunciaron.
“Yo creo que la ratificación del acuerdo de Escazú en el caso nicaragüense, no significa que el régimen esté implementado los compromisos asumidos internacionalmente” comentó Ruiz a Infomedio.
Compromiso de acceso a la información pública es vulnerado
Para Ruiz, el acceso a la información pública en Nicaragua es “precario”, pese a que existe una ley que la contempla en las regulaciones nacionales, prueba de esa precariedad es la nula información de las concesiones de empresas extractivas, lo que demuestra una carencia de transparencia en temas ambientales.
En entrevista con agencia Ocote, Heizel Torres, oficial de minería del Centro Humboldt aseguró qué “Para la aplicación de un acuerdo de este tipo, en Nicaragua es necesaria la recuperación de la institucionalidad y la independencia de los poderes de la república”.
“Nicaragua tiene los tres pilares fundamentales que el Acuerdo de Escazú manda. Viéndolo desde esa óptica, uno dice: ‘wow, Nicaragua cumple con ese requisito, lo firmó y lo ratificó’. Pero, en la práctica, es otra historia. El cómo se lleva a cabo el cumplimiento de estas leyes es muy diferente a lo estipulado en el Acuerdo de Escazú”, comentó Torres.
Para Nacho Lara, encargado del área de democracia ambiental de Asuntos del sur, las organizaciones de sociedad civil y defensores ambientales se enfrentan a un reto considerable debido a la realidad que enfrenta el país.
“La principal tarea es una estrategia de trabajo en redes interna para consolidar y proteger el trabajo que han hecho y que pueden hacer y luego también de alianzas hacia afuera de Nicaragua para visibilizar los incumplimientos del estado nicaragüense” comentó Lara.
Lara de igual manera comentó que el incumplimiento acuerdo llevará al desprestigio en términos internacionales para el país y esta misma a la vulneración de derechos como el acceso a la información y la justica.
Redacción: Elinson Altamirano
