La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) entregó el pasado martes 1 de abril un informe técnico al comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero. El expediente expone las irregularidades ocurridas durante el allanamiento de la vivienda de Mónica Rodríguez y Steve Magaña, periodistas y defensores de derechos humanos, la noche del 4 de diciembre de 2024.
El documento incluye evidencias detalladas y exige una acción inmediata por parte del gobierno para investigar el caso, rectificar las vulneraciones y prevenir futuros abusos contra la libertad de prensa. APES criticó la falta de transparencia y negligencia de las autoridades ante estas violaciones, calificándolas como síntomas de una deriva autoritaria en el país.
Entre las diligencias recientes destaca la presentación de una demanda de hábeas corpus preventivo ante la Sala de lo Constitucional y la solicitud de devolución de equipos de trabajo confiscados por la Policía Nacional Civil (PNC). Hasta la fecha, la Fiscalía General de la República no ha encontrado cargos ni justificación legal para retener los dispositivos.
La APES reitera su llamado a las autoridades salvadoreñas para garantizar el respeto a los derechos de los periodistas y su ejercicio profesional, fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. Asimismo, señala la urgencia de actuar con responsabilidad y velar por el bienestar de las víctimas de este tipo de agresiones.
