Micrófono Encendido es una campaña por la libertad de prensa en Centroamérica promovida por Infomedio
Desde 2022, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), en alianza estratégica con la Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF) y la red regional Voces del Sur (VdS), ha registrado con creciente preocupación un aumento sostenido en las vulneraciones a la libertad de expresión que afectan a periodistas y comunicadores en Costa Rica.
Su informe de Monitoreo de las Vulneraciones Contra la Libertad de Prensa en Costa Rica en el año 2024 revela un alarmante incremento de más del 200%, alcanzando un total de 40 víctimas y 32 alertas. Esta escalada confirma una tendencia preocupante iniciada en 2022, cuando se documentaron 11 casos, seguida por un drástico aumento a 38 en 2023 y la cifra actual para 2024.
Los hallazgos del monitoreo de este último año también exponen una inquietante novedad: la instrumentalización del marco jurídico y procesos judiciales penales como herramientas de agresión contra periodistas, lo que representa una clara desviación de los estándares internacionales.
A esto se suman otras formas de agresión documentadas, incluyendo 6 casos de discurso estigmatizante, 11 de abuso de poder estatal, 8 restricciones al acceso a la información y 5 ataques físicos y verbales.
La distribución de las 40 víctimas muestra que 12 fueron periodistas y comunicadores (con una marcada diferencia de género: 9 hombres y 3 mujeres) y 28 fueron medios de comunicación. Marco Barquero Salas, Coordinador de Monitoreo, interpreta la reducida cifra de mujeres víctimas como un posible reflejo del miedo que invisibiliza su victimización, donde la violencia de género, a menudo más sutil y privada, dificulta la denuncia.
“No se trata solo de que las mujeres sean menos víctimas en términos numéricos, sino de cómo el miedo influye en la forma en que se denuncia, se registra y se percibe su victimización. La relación entre el miedo, la violencia de sexo y la libertad de prensa es crucial para entender por qué muchas mujeres víctimas de agresiones evitan denunciar (…) Los hombres suelen ser perseguidos en el ámbito público, mientras que la violencia contra las mujeres se manifiesta de manera más privada, a través de intimidación, acoso o exclusión sistemática”, subrayó Barquero.
En su análisis, Barquero Salas, resalta también que, por primera vez, se registra la inclusión de editores, directivos, ejecutivos de medios, fotógrafos y productores de contenido periodístico entre las víctimas. Este hallazgo, en su opinión, sugiere la implementación de una estrategia de represión de mayor alcance, orientada a desestabilizar la estructura del ecosistema mediático y la producción de información.
“La incorporación de nuevas categorías de víctimas denota un cambio significativo en las estrategias de represión, que han dejado de centrarse exclusivamente en periodistas y medios de comunicación para dirigirse también a actores clave en la estructura del ecosistema mediático, como editores, directivos y productores de contenido (…) la identificación de personas dedicadas a la fotografía periodística como víctimas de agresiones por primera vez pone de manifiesto una creciente hostilidad hacia quienes desempeñan la labor de documentar visualmente la realidad. Este fenómeno representa una amenaza directa a la recopilación y preservación de evidencia gráfica (…) lo que, en última instancia, compromete el derecho de la sociedad a acceder a información veraz y verificable”.
Consolidación de un entorno hostil para la prensa en Costa Rica
En Costa Rica durante 2024, el Estado fue el principal perpetrador de agresiones contra la prensa, con 27 casos, mientras que agentes no estatales fueron responsables de 5. Entre los funcionarios estatales señalados se encuentran el presidente Rodrigo Chaves Robles, Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud, y Marque Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Por otro lado, las agresiones no estatales provinieron principalmente de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense y el Grupo La Nación.
El Balance 2025 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) indica que, a pesar de mantener una posición relativamente sólida en materia de libertad de prensa, Costa Rica ha experimentado un descenso de 10 puntos en su índice, pasando del puesto 26 al 36. Artur Romeu, director de RSF para América Latina, advierte que esta tendencia descendente es motivo de inquietud, especialmente en un contexto regional marcado por una creciente hostilidad hacia el periodismo.
Romeu explica que, en la etapa final de su gobierno, el presidente Chaves ha implementado una dinámica similar a la observada en otros líderes de la región, caracterizada por una retórica pública agresiva y confrontativa hacia los medios, que incluye señalamientos, estigmatización y obstáculos al acceso a la información. «Estas retóricas generan un ambiente disuasivo para periodistas y medios que cubren temas sensibles», enfatizó.
En la misma línea, Barquero Salas, expresa que los resultados del monitoreo presentado por IPLEX revela la consolidación de un entorno hostil para el ejercicio del periodismo en Costa Rica y una sofisticación en los mecanismos de represión que han pasado de estrategias indirectas de censura y estigmatización a formas más directas de violencia y hostigamiento.
Los resultados del monitoreo hacen hincapié a las agresiones derivadas de proyectos de ley que proponen un marco jurídico contrario a los estándares internacionales, como es el caso del proyecto de ley 24.457, cuyo objetivo es establecer mecanismos de censura previa para la emisión de programas televisivos denominados «narconovelas».
«Estos intentos de judicialización de la represión no solo socavan la seguridad jurídica de los profesionales de la prensa, sino que también busca generar un efecto disuasorio mediante la intimidación y el desgaste económico y psicológico. Si esta tendencia no es revertida, se corre el riesgo de una normalización de la violencia y el hostigamiento, con consecuencias graves para la libertad de expresión y el ejercicio de derechos fundamentales.» Remarcó.
Los desafíos fuera del GAM
Cómo parte de la recolección de información, IPLEX desplegó una serie de iniciativas estratégicas durante el periodo analizado que incluyó una serie de talleres en diversas regiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) específicamente en Pérez Zeledón, San Carlos y Liberia.
Luciana Quesada Barrantes, responsable de recolección de datos para este informe, describió la fase inicial de acercamiento a las regiones fuera del GAM como un proceso «provechoso y enriquecedor». En sus palabras, este esfuerzo permitió a IPLEX comprender las realidades particulares que enfrentan los profesionales de la prensa en estas zonas y sentó las bases para el establecimiento de una valiosa comunidad de intercambio y apoyo.
Sin embargo, Quesada Barrantes también señaló un desafío significativo: la reticencia de algunos periodistas a compartir información sobre agresiones sufridas. El argumento recurrente, y profundamente preocupante, fue la falta de confianza en obtener apoyo o justicia tras la denuncia. Esta desconfianza subraya una sensación de vulnerabilidad e indefensión que IPLEX ha identificado como un obstáculo importante para el registro exhaustivo de las agresiones.
En cuanto a las modalidades de agresión con mayor frecuencia identificadas en las regiones fuera del GAM, Patricia González Villalobos, vicepresidenta de IPLEX, destacó dos patrones preocupantes: la restricción al acceso a la información y el uso de pautas publicitarias como herramienta de amedrentamiento.
Las expresiones recogidas durante las consultas para el monitoreo ilustran vívidamente esta realidad: «si pedimos más, nos cortan la pauta» y «No recalmo, no hago nada para que no me quiten la pauta». Estas declaraciones revelan un mecanismo sutil pero efectivo de control y silenciamiento, donde la dependencia económica de la publicidad estatal o de actores relevantes se utiliza para disuadir la cobertura crítica y la demanda de transparencia.
La urgente necesidad de accionar
El panorama de las agresiones contra la prensa en Costa Rica durante 2024, caracterizado por una preocupante escalada, constituye una grave amenaza para la libertad de expresión y el derecho a la información, exigiendo una respuesta inmediata y acciones concertadas entre medios, organizaciones y la comunidad internacional para contrarrestar esta peligrosa progresión. Esta trayectoria, que genera particular inquietud en el actual contexto electoral ante el riesgo de una escalada de hostilidades y se ve lamentablemente exacerbada por una validación implícita desde el Poder Ejecutivo, se agrava al constatar realidades diferenciadas en las regiones. Allí, la profunda desconfianza en los sistemas de protección y el uso estratégico del poder económico para amedrentar a través de la publicidad fomentan un clima de autocensura y dificultan la documentación exhaustiva de las agresiones. Por consiguiente, revertir esta preocupante situación requiere un compromiso firme y coordinado de todos los actores para salvaguardar los derechos de los periodistas, fortalecer la confianza en los mecanismos de apoyo y defender un ecosistema mediático plural, libre y seguro en todo el territorio nacional costarricense.
Periodista: Alexander Reyes Guevara
