En toda la Gran Area Metropolitana (GAM) de Costa Rica, cientos de bicicletas, motos eléctricas y hasta vehículos circulan diariamente con la misma misión: entregar pedidos de comida, productos o compras de supermercado que hacen con mayor comodidad los usuarios a través de aplicaciones como Uber Eats, Didi Food y Pedidos Ya. Detrás de esa aparente “comodidad” para el consumidor existe una realidad laboral que expone a quienes reparten a condiciones de trabajo poco protegidas, jornadas extensas y una lucha permanente por la dignidad laboral en el contexto de la denominada “economía de plataformas”, por esto, en Infomedio realizamos este trabajo, con el fin de visibilizar los retos que se enfrentan en este entorno.
Una economía en expansión, un vacío de derechos
Las plataformas de reparto llegaron a Costa Rica a mediados de la década de 2010 con la promesa de flexibilidad y oportunidades de ingresos. Sin embargo, la regulación laboral que tradicionalmente protegía a trabajadores formales no se ha ajustado a estos esquemas de trabajo digital, generando un vacío normativo que deja a las personas repartidoras sin un reconocimiento claro de derechos y seguridades básicas. Actualmente, estas plataformas las clasifican como trabajadores independientes, lo que significa que no cuentan con seguridad social obligatoria, prestaciones ni acceso automático a beneficios como cotización para pensiones o seguro de salud.
Un estudio reciente de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) llamado “Encuesta a Personas Repartidoras de la Gran Área Metropolitana” encontró que el 94% de las personas repartidoras de plataformas presentan condiciones laborales precarias y dependen de este ingreso para sostener a sus familias. Muchos trabajan jornadas que superan las 48 horas semanales sin protección social ni compensación clara por horas extras o riesgos a los que se enfrentan diariamente.
Además, investigaciones apoyadas por la Fundación Friedrich Ebert (FES) han documentado cómo la precariedad laboral —entendida como falta de seguridad social, irregularidad de ingresos y ausencia de protección ante accidentes— caracteriza el trabajo de reparto digital en la GAM. Más del 68% de quienes trabajan en estas plataformas no cuentan con aseguramiento y cerca del 78% no cotiza para una pensión, exponiendo a ellos y a sus familias a incertidumbre financiera en el mediano y largo plazo.
“Desde la FES hemos identificado que el trabajo en plataformas digitales reproduce formas de precarización laboral: ingresos inestables, ausencia de seguridad social y una transferencia total de riesgos al trabajador.” Marco Zamora, coordinador del programa Transformación Social y Ecológica de la FES en C.R
Voces desde las calles: testimonios de trabajadores
Los testimonios de quienes viven esta realidad cotidiana pintan una imagen contundente: más allá del algoritmo, existen historias de esfuerzo, sacrificio y desafíos constantes.
Juan, costarricense, repartidor para una app internacional desde hace tres años, recuerda las primeras semanas en la calle:
“Al principio pensé que sería fácil, pero con el tiempo vi que, si no trabajas muchas horas, no alcanza a cubrir ni los gastos de la moto ni los de la casa. Y si tienes un accidente, todo queda en tus manos. La empresa bloquea cuentas, no hay seguro ni nadie que te respalde”.
Este argumento se refleja en los datos: el estudio de la UNA indica que un alto porcentaje de repartidores no cuenta con un contrato formal ni garantía de estabilidad, y cerca del 65% teme ser excluido de las plataformas sin previo aviso.
Carolina, migrante venezolana y repartidora comparte su perspectiva sobre la dualidad de esta opción laboral:
“Vine buscando oportunidades, y trabajar en reparto me permitió tener ingresos para enviar a mi familia. Pero también enfrenté discriminación en la calle, comentarios de clientes y compañeros que no me conocían, y a veces me siento sola ante las exigencias de la app”.
Este relato no es único en la región: investigaciones periodísticas han documentado cómo, en contextos latinoamericanos, incluida Costa Rica, muchos migrantes recurren a estas plataformas ante la falta de oportunidades laborales tradicionales, y enfrentan tanto inseguridad laboral como obstáculos socioculturales y de hostilidad externa
La dimensión de la precariedad: riesgos y ausencia de protección
El modelo de negocio que promociona flexibilidad también oculta una estructura de riesgos y responsabilidades individuales. La clasificación de las personas repartidoras como “socios” o “colaboradores” implica que ellas asumen el costo de su vehículo, combustible, mantenimiento, teléfono y gastos asociados, sin que la plataforma comparta estos costos ni asegure un ingreso mínimo fijo. Esto, combinado con algoritmos que asignan pedidos sin transparencia sobre compensaciones y tasas, genera volatilidad de ingresos y limita la planificación financiera.
En 2022 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) realizó inspecciones laborales en plataformas como Uber Eats, Rappi y Pedidos Ya luego de denuncias presentadas por sindicatos emergentes, confirmando jornadas superiores a las legales y efectos de salud negativos como dolores musculares, agotamiento y exposición constante a accidentes sin mecanismos de compensación claros.
Entre las oportunidades y la xenofobia
En Costa Rica, el trabajo mediante aplicaciones de reparto se ha consolidado como una puerta de entrada al empleo para personas extranjeras, particularmente migrantes nicaragüenses, venezolanas y de otros países de la región que enfrentan barreras para insertarse en el mercado laboral formal. La flexibilidad de horarios, la ausencia de requisitos burocráticos complejos y la posibilidad de generar ingresos de manera inmediata convierten a estas plataformas en una alternativa viable frente al desempleo o la informalidad tradicional. “Llegué a Costa Rica sin papeles regularizados y con urgencia de enviar dinero a mi familia; la aplicación fue la única opción donde nadie me pidió un contrato ni referencias”, relata José, repartidor migrante ecuatoriano, quien describe el reparto como un espacio donde se mezclan autonomía, precariedad y esperanza de estabilidad económica mínima.
Sin embargo, esta oportunidad laboral convive con prácticas cotidianas de discriminación y xenofobia que marcan la experiencia de quienes reparten en calles y comercios. Insultos, desconfianza, trato diferenciado por el acento o el color de piel, e incluso bloqueos injustificados en las plataformas, forman parte de un entorno laboral desprotegido. “Hay clientes que no te quieren abrir la puerta, te hablan golpeado o te dicen que ‘regreses a tu país’ cuando algo sale mal con el pedido”, afirma María, repartidora de origen nicaragüense, quien agrega que también se ha encontrado con muchos clientes usuarios de las aplicaciones que incluso empatizan con su situación migratoria y añade que la falta de mecanismos efectivos de denuncia profundiza la sensación de indefensión. Así, el reparto por aplicaciones se configura como un espacio ambiguo: una oportunidad económica real, con mucha solidaridad por parte de usuarios al mismo tiempo que es atravesada por violencias simbólicas y estructurales que evidencian las tensiones sociales en torno a la migración en Costa Rica.
Debate legislativo y propuestas de cambio
Para las personas trabajadoras de las aplicaciones, la falta de legislación concreta para la protección de sus derechos tiene implicaciones concretas, al respecto Carmen nos comparte:
“No tener una regulación nos deja más vulnerables. Si te bloquean, te quedas sin ingreso de un día para otro. Muchas personas migrantes sostienen familias aquí y en sus países de origen. Vivimos al día, y no tener quien o que nos proteja es peligroso porque se pierden los derechos que en los demás trabajos si se tienen”.
También Juan quien reparte para Uber Eats y Pedidos Ya nos dice como se ve reflejado en términos prácticos la falta de protección laboral en su trabajo.
“Si tengo un accidente, la responsabilidad es mía. La moto, el seguro, la gasolina, todo sale de mi bolsillo. La plataforma se desentiende. Tampoco cotizo a la Caja porque muchas veces no alcanza”
Frente a esta realidad, en los últimos años ha surgido un debate en la Asamblea Legislativa de Costa Rica sobre la necesidad de reconocer los derechos laborales de quienes trabajan mediante plataformas digitales, a esto se suma la FES:
“Necesitamos una regulación que garantice derechos mínimos —seguridad social, protección ante riesgos y mecanismos de diálogo colectivo— sin desconocer las particularidades del trabajo digital. La innovación no debe ir en contra de la dignidad humana”. Marco Zamora, FES C.R.
Proyectos de reforma al Código de Trabajo han sido presentados con el objetivo de presuponer una relación laboral entre las personas repartidoras y las plataformas digitales, garantizando así el acceso a seguridad social, protección ante riesgos y condiciones de empleo más dignas.
Los diputados que defienden estas reformas señalan que la clasificación actual contribuye a la precarización de las condiciones laborales y niega la protección social básica que el derecho laboral costarricense reconoce para otros sectores.
A pesar de que, en el año 2024, el repartidor de apellidos Vargas Sibaja, ganó una demanda contra Uber, en la que se le otorgó el derecho a la suma de 11 millones colones (Actualmente alrededor de 22,000 dólares) en concepto de preaviso, cesantía, daños y perjuicios, vacaciones y aguinaldo de toda la relación laboral, intereses, indexación y costas procesales. este debate no está exento de tensiones: partes interesadas han advertido que definir legalmente este vínculo laboral debe considerar las características propias del trabajo en plataformas, evitando consecuencias no deseadas para la flexibilidad que muchas personas valoran.
Acciones colectivas y perspectivas de futuro
Las investigaciones y propuestas de la Fundación Friedrich Ebert también enfatizan la importancia de fortalecer la organización colectiva de los trabajadores de plataformas, promover alianzas estratégicas y articular acciones entre sindicatos, academia, gobierno y sociedad civil. Según estas recomendaciones, solo mediante la acción conjunta se podrá atender de manera efectiva la precariedad estructural del sector y avanzar hacia condiciones laborales más equitativas y seguras.
A nivel internacional, este fenómeno ha estimulado movilizaciones y debates sobre la formalización de los derechos laborales en economías de plataforma, donde la línea entre independencia y subordinación laboral sigue siendo un eje central de discusión.
Las personas trabajadoras de estas aplicaciones también suman sus peticiones:
Juan nos dice que “No pedimos lujos, pedimos seguridad básica. Saber que si me accidento no me quedo sin ingreso ni atención médica. Eso también es dignidad”
Carmen expresa “Recuerden que detrás de cada pedido hay una persona. No somos robots ni números. Somos trabajadoras y trabajadores que merecemos respeto y condiciones justas”
Definitivamente la expansión de las plataformas de reparto ha transformado la vida cotidiana urbana y generado nuevas oportunidades de ingreso para miles de personas en Costa Rica. No obstante, la ausencia de un marco regulatorio que reconozca las condiciones reales de trabajo y proteja de forma efectiva a las personas repartidoras ha hecho evidente que la economía digital no puede desarrollarse a expensas de la dignidad laboral. Como muestran las voces de quienes lo viven en las calles y las investigaciones de organismos académicos y organizaciones como la FES, la dignificación de este sector requiere tanto voluntad política como participación de las personas trabajadoras para construir un modelo que combine innovación tecnológica con justicia social.
Periodista: Jeafrey Lara
Con el auspicio del Fondo de Canadá para iniciativas locales de la Embajada de Canadá para Costa Rica, Nicaragua y Honduras.
