Tres ciudadanos nicaragüenses han denunciado ser víctimas de represión migratoria por parte del gobierno, al negarles su derecho a la movilidad sin justificación legal aparente. Los afectados afirman no tener historial de participación política o cívica, pero sus casos evidencian cómo las decisiones de las autoridades migratorias se extienden a personas que no están involucradas en movimientos cívicos.
Fernando, un hombre de 33 años originario del norte de Nicaragua, solicitó la renovación de su pasaporte por vencimiento. Al llegar a las oficinas de migración en Managua, le pidieron «referencias políticas». Tras un proceso que se extendió desde abril hasta finales de agosto de 2025, le negaron el documento. Un funcionario le indicó que tenía «problemas con el gobierno» debido a una publicación religiosa en Facebook de 2019, en la que hacía un llamado a detener la violencia contra los nicaragüenses.
El funcionario le aconsejó que abandonara el país, ya que estaba con una «mancha roja» ante las autoridades. Fernando, que nunca había participado en protestas, salió de Nicaragua por veredas para evitar ser detenido o encarcelado.
En otro caso, Claudia, una nicaragüense de 45 años que reside en Costa Rica, intentó renovar su pasaporte en la embajada de Nicaragua en San José. Ante la falta de explicaciones, viajó a Managua, donde le informaron que el problema se debía a una publicación en Facebook contra el gobierno de 2008. Se le dieron solo cinco horas para salir del país. Claudia se vio forzada a regresar a Costa Rica y ahora se siente despojada de su nacionalidad. Ahora vive con la incertidumbre migratoria en Costa Rica.
Por último, Georgina, de 47 años, fue impedida de abordar un avión en el aeropuerto de Managua sin recibir ninguna explicación. La mujer, que entraba y salía del país con frecuencia, ahora no puede salir del territorio nicaragüense.
