El juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Kelly H. Rankin, dictó sentencia este 6 de febrero contra Maycon Stiven Molina Pérez, de 23 años, tras ser hallado culpable de producción de pornografía infantil. Molina Pérez, de nacionalidad nicaragüense, originario de Nueva Segovia y residente en Laramie, recibió una condena de 360 meses de prisión, seguidos de 10 años de libertad supervisada.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó al sentenciado el pago de una indemnización mínima de $3,000 por cada víctima que lo solicite, proceso que permanecerá abierto durante un periodo de 90 días. El caso fue registrado bajo el número de expediente CR-25-0031.
La investigación se originó el 8 de julio de 2025, cuando la madre de una de las víctimas localizó en el dispositivo móvil del acusado un registro audiovisual que documentaba una agresión sexual contra un menor. Tras la denuncia ante el Departamento de Policía del Condado de Laramie, las autoridades procedieron a la incautación de un teléfono Samsung Galaxy.
Molina Pérez fue localizado y detenido en el estado de Colorado el mismo día del reporte, tras un intento de evasión. Al momento de su captura, las fuerzas del orden incautaron un segundo dispositivo (iPhone).
Especialistas del equipo de Delitos contra Niños en Internet de la División de Investigación Criminal de Wyoming (DCI-ICAC) realizaron el análisis técnico de los dispositivos, obteniendo los siguientes hallazgos:
- Dispositivo Samsung Galaxy: Se localizaron más de 1,400 archivos con contenido de pornografía infantil, incluyendo material relacionado con bestialidad y sadomasoquismo, además del video de la agresión ocurrido en el domicilio del acusado.
- Dispositivo iPhone: Se detectaron más de 1,280 archivos de imagen y múltiples videos, entre ellos dos registros adicionales que involucraban a la víctima.
- Distribución: El peritaje confirmó que el material era compartido mediante aplicaciones de mensajería cifrada, específicamente Telegram y WhatsApp.
El fiscal federal Darin Smith señaló mediante un comunicado que la sentencia responde a la gravedad de los delitos de abuso sexual infantil y subrayó el compromiso de las autoridades con la rendición de cuentas. Por su parte, la fiscal federal adjunta Mackenzie Morrison estuvo a cargo del procesamiento del caso, cuya investigación fue coordinada entre el Departamento de Policía del Condado de Laramie y el Grupo de Trabajo DCI-ICAC.
