La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica estuvo presente en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María observando las acciones coordinadas por el gobierno costarricense y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En el informe publicado por la Defensoría de los Habitante se lee que entre los deportados había bebés, niños, niñas, mujeres y adultos mayores, quienes expresaron angustia. Se proporcionaron insumos básicos como alimentos, leche en fórmula y toallas sanitarias. Los autobuses contaban con servicios sanitarios y aire acondicionado.
Observaciones de la Defensoría
La Defensoría señaló varias deficiencias en el proceso:
- Falta de espacio adecuado: No se dispuso de un lugar adecuado en el aeropuerto para la llegada y permanencia de los deportados antes de su traslado al CATEM-Sur.
- Acceso a la información: Los deportados carecían de información sobre el país de llegada, procedimientos migratorios y tiempo de traslado. Esto incrementó su angustia e incertidumbre.
- Limitaciones en la traducción: La traducción fue limitada y no se abordaron las necesidades específicas de los deportados.
- Despojo de documentos: Muchos deportados manifestaron haber sido despojados de sus documentos de identidad, lo cual dificultó la verificación de vínculos familiares.
- Atención inadecuada a menores: La intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) no fue coordinada adecuadamente para atender a los menores.
- Ausencia de INAMU y CONAPAM: No hubo presencia del El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para apoyar a las mujeres deportadas, ni del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) para asistir a los adultos mayores.
La Defensoría instó al gobierno costarricense a garantizar una atención adecuada y digna a los deportados, en línea con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Además, se enfatizó la necesidad de asegurar el acceso a la información, atención médica y apoyo psicológico para todos los deportados, especialmente niños, mujeres y adultos mayores.
La Defensoría continuará monitoreando la situación en el CATEM-Sur y reiterando la obligación del Estado costarricense de garantizar los derechos fundamentales de las personas deportadas.
