En 2023, Honduras fue el país con la mayor tasa de asesinatos per cápita de defensores del medioambiente y la tierra, registrando 18 homicidios, según un informe de la ONG Global Witness.
En este contexto de alta peligrosidad para los activistas, emerge la figura de Christopher Castillo Sánchez, un joven estudiante de arquitectura y defensor de los territorios y el medio ambiente. Castillo pertenece a la organización Alternativa Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), desde donde se coordina el trabajo con aproximadamente 40 comunidades distribuidas en 10 departamentos del país.
Su compromiso en la lucha contra la contaminación del Río Choluteca, el segundo más contaminado de Honduras, lo ha expuesto en repetidas ocasiones a amenazas, difamaciones y atentados contra su seguridad física.
Según las denuncias de Castillo y otros afectados, la principal responsable de la grave contaminación del río y de las consecuentes afecciones de salud en las comunidades vecinas es la Empresa Avícola El Cortijo S.A., dirigida por el empresario Joseph Walter Brenes, quien también ejerce como director de la incubadora Oak Crest de Honduras.
Esta situación ha escalado hasta el punto en que el juzgado de Paz penal del distrito central del departamento de Francisco Morazán notificó a Castillo sobre un proceso legal iniciado por el señor Walter Brenes. En dicho proceso, se acusa a Castillo de difamación, amenazas, agresiones y conspiración en su contra.
«En 2020 comenzó como el proceso de manifestación directa por parte de la comunidad y en aquel momento decíamos que iba haber problemas de salud si esto no para. Hoy en día, hay personas con serios problemas dermatológicos, con llagas en la piel», relató Castillo, evidenciando la materialización de sus advertencias.
El caso de la comunidad contra la empresa Avícola El Cortijo ha sido puesto en conocimiento de dos administraciones presidenciales en Honduras; sin embargo, no se han generado cambios significativos en cuanto a la protección de las personas que han presentado las denuncias.
«Si las leyes no cumplen, otra parte del Estado tiene que funcionar».
Desde 2020 hasta 2022, se formalizaron cinco denuncias contra El Cortijo ante el Ministerio Público, además de una denuncia en la Secretaría de Ambiente y otra en la Procuraduría General de la República.
«Estamos en un país que alcanza el 98% de impunidad en crímenes ambientales. Esto significa que solo dos de cada cien denuncias se resuelven, y esas dos que se resuelven, en su mayoría, son contra pobladores. Es decir, gente que ha utilizado árboles de su comunidad para producir leña o que tiene una producción avícola mínima, como tener gallinas en un lugar donde tal vez la alcaldía lo prohibía. Esas son las denuncias que resuelven, pero contra las grandes empresas no existe justicia», lamentó Castillo, ilustrando la disparidad en la aplicación de la ley.
Las demandas de la comunidad son claras: el cese de las operaciones que contaminan el río y el aire, y el traslado de la empresa a zonas no habitadas, donde la población no corra riesgos de salud por la contaminación ambiental.
«El clima para la defensa en Honduras ya es hostil. Digamos que ya hay todo un aparato normativo, legal, jurídico y administrativo muy bien construido para que las luchas, no solamente la ambiental, sino cualquier lucha por derechos, no prospere, sea cortada y criminalizada», aseguró Christopher, señalando las barreras sistémicas que enfrentan los defensores.
La comunidad, por su parte, ha llevado a cabo diversas formas de protesta, incluyendo manifestaciones frente a la empresa, campañas informativas en redes sociales y llamados al boicot para evitar el consumo de productos que contaminan el medio ambiente y afectan la salud.
Es importante destacar que el derecho a promover, discutir y participar en campañas de boicot está protegido por instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976, siendo Honduras un estado firmante de este pacto.
La criminalización de la defensa ambiental como herramienta para silenciar las demandas sociales.
La defensa ambiental se revela como una estrategia para silenciar las demandas sociales. La Ley General del Ambiente de Honduras, DECRETO No. 104 – 93, establece la protección del medio ambiente y los recursos naturales como una cuestión de utilidad pública e interés social. Si bien existe un marco legal y mecanismos para la protección de los defensores ambientales, la percepción general es que la implementación y la eficacia de estas medidas son insuficientes, lo que genera profunda preocupación por la seguridad de quienes defienden el entorno.
«La comunidad va a seguir la lucha, al contrario, lo que van a lograr es que haya un mayor nivel de organización. Lo que la empresa está provocando es que haya más presión por parte de la gente. Una lucha no va a parar, estoy completamente seguro», afirmó con convicción el defensor.
El caso de Castillo no es un hecho aislado en Honduras. Actualmente, 68 personas cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH; sin embargo, el Estado ha demostrado fallas en la implementación efectiva de estas medidas. En trágicas ocasiones, los defensores terminan siendo asesinados, como ocurrió con la líder indígena lenca, feminista y activista Berta Isabel Cáceres Flores.
«Puedo decir, por el sector en donde estamos luchando por el ambiente y el territorio, que no ha habido nada, no ha habido cambios, no ha habido justicia, no ha habido celeridad, no ha habido un sistema administrativo coherente, no ha habido un cuerpo gubernamental, ejecutivo, legislativo, judicial comprometido. No ha existido eso, y los mismos funcionarios de gobierno que no ocupan altos mandos nos dicen que esto es un desastre en tema de derechos humanos», añadió.
A pesar de los intentos por criminalizar su labor, Castillo asegura que se presentará a la citatoria con la «frente en alto», reafirmando su inocencia y su determinación de no pedir disculpas por defender lo que considera justo. Para él, disculparse implicaría aceptar un delito que no ha cometido.
En ocasiones anteriores, las pruebas presentadas en su contra han sido prácticamente nulas, pero la corrupción dentro del poder judicial parece trascender los principios de justicia.
«La acusación no es contra mí, o sea, dice mi nombre, pero no es contra mí, es contra la lucha, es contra la resistencia, es contra la denuncia, es contra todas las voces que se han pronunciado, ejemplificado en una persona», concluyó Castillo, dejando claro que la ofensiva legal en su contra es, en realidad, un intento por silenciar la voz de toda una comunidad.
Periodista: Elison Altamirano
