En El Salvador, las mujeres que experimentan complicaciones durante el embarazo, que resultan en abortos espontáneos o muerte fetal, a menudo son sospechosas de haberse realizado un aborto y pueden enfrentar cargos de homicidio agravado, con penas de hasta 30 años de prisión.
En 2013, Beatriz quedó embarazada por segunda vez. Durante este embarazo, se le diagnosticó que el feto tenía anencefalia, una condición incompatible con la vida extrauterina. Los médicos advirtieron que continuar con el embarazo pondría en grave riesgo su vida. Sin embargo, debido a la prohibición absoluta del aborto en El Salvador, se le negó la interrupción del embarazo. Beatriz y su equipo de defensores legales presentaron una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo para salvar su vida, pero la Sala Constitucional de El Salvador rechazó la solicitud.
Finalmente, Beatriz fue obligada a continuar con el embarazo hasta que se le practicó una cesárea de emergencia. El feto falleció pocas horas después del nacimiento. Beatriz sobrevivió, pero su salud se deterioró significativamente debido a las complicaciones del embarazo y la falta de tratamiento adecuado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana) y dictó sentencia en el caso Beatriz vs El Salvador, a favor de la víctima, declarando al Estado de El Salvador responsable por múltiples violaciones a sus derechos.
Las perseguidas del aborto / Víctimas de una ley que condena a morir
En El Salvador, el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo representa un riesgo para la vida de la mujer o en casos de violación. En su artículo “El aborto y el sistema penal en El Salvador: Una mirada desde los estudios críticos del Derecho”, Mirian Meléndez, catedrática salvadoreña, detalla que, en 1998, más por intereses políticos que de índole jurídica y a través de la injerencia de grupos conservadores y religiosos, se eliminaron las causales que permitían el aborto terapéutico y eugenésico. Esta prohibición se reforzó con una reforma a la constitución salvadoreña en 1999, que reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción. “Esta situación ha llevado a la condena a más de una veintena de mujeres a la cárcel, algunas de ellas por homicidio agravado, cuya pena ronda los 30 años de prisión», expuso.
Entre diciembre de 2021 y enero de 2022, fueron liberadas Karen, Kathy, Evelyn, Elsy y Kenia, mujeres procesadas penalmente bajo sospecha de aborto tras experimentar emergencias obstétricas, con condenas de entre 6 y 13 años de prisión. Finalmente, en diciembre de 2023, fue liberada Lilian, la última de las 73 mujeres que cumplían condenas de prisión.
La mayoría de las 73 mujeres en estos casos provenían de áreas pobres de El Salvador y todas fueron arrestadas mientras estaban en el hospital. Su liberación se logró gracias a la labor y los litigios estratégicos de la campaña «Las 17 y más», promovida por diversas organizaciones y colectivos feministas en El Salvador, incluyendo la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
La penalización absoluta del aborto en El Salvador ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y de salud pública, que argumentan que esta política crea un sistema penal inhumano y pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Sobre el tema, Meléndez agrega en su artículo que, en 2014, durante la presentación del informe “Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador” de Amnistía Internacional, el entonces secretario general de esta organización, Salil Shetty aseveró que las restricciones sobre el aborto en El Salvador “están causando daño grave a mujeres y niñas, con mucho sufrimiento tanto a nivel físico como mental, lo que es equivalente a tortura y maltrato una barbarie del siglo XXI”.
El informe de Amnistía Internacional señala que en El Salvador no solo se prohíben todas las formas de aborto y se tipifica como delito que una mujer se someta a uno o que cualquier persona la ayude a lograrlo, sino que también se niega atención médica esencial a las mujeres obligadas a llevar a término un embarazo pese a la concurrencia de problemas de salud graves e incluso comprometedores para la vida.
El caso Manuela vs. El Salvador es un caso emblemático que ilustra las graves consecuencias de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador. Manuela, una mujer salvadoreña, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstétrica en 2008. Ella, padecía cáncer y no recibió el tratamiento médico adecuado mientras estaba encarcelada, falleciendo en 2010.
En 2021, la Corte Interamericana dictó una sentencia en la que declaró al Estado de El Salvador responsable de violar varios derechos humanos de Manuela y su familia. La Corte concluyó que El Salvador violó los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la presunción de inocencia, la defensa, la igualdad ante la ley y la protección judicial, entre otros
La sentencia anunciada por la Corte Interamericana el 20 de diciembre de 2024 en el caso de Beatriz, marca el inicio de un camino hacia la justicia para las mujeres salvadoreñas y centroamericana. Este fallo fortalece la jurisprudencia en la lucha por la defensa de sus derechos, entre ellos, el derecho a la vida y la salud.
Beatriz y otros vs El Salvador
De acuerdo con los documentos oficiales de la Corte Interamericana, el caso se relaciona con las alegadas violaciones a los derechos de Beatriz y su familia debido a la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador, lo que presuntamente impidió que tuviera la posibilidad de acceder a una interrupción legal, temprana y oportuna al tratarse de una situación de alegado riesgo a la vida, salud e integridad personal.
Beatriz, una joven salvadoreña de 20 años, vivía en condiciones de extrema pobreza en el Cantón La Noria Tierra Blanca, municipio de Jiquilisco, El Salvador. Su hogar carecía de acceso a agua y energía eléctrica. En 2009, Beatriz fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoide. Durante su primer embarazo en 2011, requirió hospitalización en dos ocasiones debido a anemia y la exacerbación de su condición lúpica. En marzo de 2012, al iniciar el trabajo de parto, su salud se complicó por una preeclampsia. Tuvo una cesárea, y su hijo, nacido pretérmino, sobrevivió después de 38 días internado.
Por sus antecedentes médicos, en mayo de 2012, en el Hospital Nacional de Maternidad se informó que no podría embarazarse nuevamente, y la citaron para realizar una esterilización quirúrgica a la que Beatriz decidió no asistir por temor a lo que pudiera pasar y porque eventualmente podría pensar en tener hijos más adelante.
En febrero de 2013 se detectó un segundo embarazo de once semanas y se informó que el feto tenía una malformación congénita que no permitió el desarrollo de cráneo ni cerebro, condición incompatible con la vida extrauterina. Por tal razón, se recomendó interrumpir el embarazo, pues si este avanzaba existía la probabilidad de que ella muriera.
La defensa legal de Beatriz presentó una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo a efectos de salvar la vida de Beatriz y aunque la Sala Constitucional admitió la demanda de amparo y dictó una medida cautelar, el 28 de mayo de 2013 declaró “no ha lugar” la demanda, ya que consideró que no hubo una conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas que hubiera producido un grave peligro a los derechos a la vida y a la salud de Beatriz. Según se informa, el 3 de junio Beatriz comenzó con trabajo de parto, por lo que debió ser sometida a una cesárea, y el feto anencefálico falleció cinco horas después.
Camila Ormar, abogada miembro del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) quien actuó como representante de Beatriz ante la Corte Interamericana, durante la audiencia pública del caso expresó que el Estado de El Salvador sostiene que la vida de Beatriz no estaba en riesgo, basados en un peritaje plagado de irregularidades realizado por el Instituto de Medicina Legal salvadoreño.
“Beatriz estuvo internada 81 días, pero el Estado niega que exista riesgo, había tenido preeclampsia grave durante su primer embarazo, pero el Estado dijo que no existían riesgos, tenía enfermedades de base, que se agravaban por el embarazo, pero el Estado sostiene que no había riesgo, tenia un embarazo anencefálico que produjo polihidramnios, pero el Estado insiste en que no había riesgos. El comité médico del Hospital Nacional de Maternidad donde estaba siendo tratada Beatriz, determinó claramente que a medida que el embarazo avanza, hay mayor ocurrencia de hemorragias obstétrica grave, agravamiento del lupus, empeoramiento de la falla renal, preclamsia grave, entre otras complicaciones”, detalló.
Por su lado, Marisol Escudero, asesora de políticas de IPAS CAM, en su comparecencia durante la audiencia pública, aseveró que, la prohibición absoluta del aborto y la denegación durante semanas del tratamiento médico recomendado por los profesionales de salud y solicitado expresamente por Beatriz, constituyeron una forma de tortura ya que estos hechos fueron perpetuados de manera intencional por autoridades estatales, provocando graves sufrimiento en Beatriz.
“En la jurisprudencia de la Corte para que exista tortura es necesario demostrar la existencia de 4 elementos: intencionalidad, sufrimiento grave, un fin y participación de agentes estatales. En los peritajes realizados (…) se demostró que el acto intencionado es ante todo, el acto estatal de prohibir el aborto en cualquier circunstancia este acto legislativo basta para cumplir el primer requisito (…) en cuanto al segundo requisito (…) la denegación de servicio de aborto también puede causar dolor y sufrimientos graves y el sufrimiento de las mujeres, suele quedar oculto por las perspectiva androcéntrica de la tortura y por los estereotipos de género (…) negarle el aborto a una mujer embarazada con una enfermedad que se puede tornar fatal a causa de los cambios de la gestación es forzarla a enfrentar el riesgo de morir y en ese sentido, es claramente una tortura (…) El dolor de Beatriz se refleja en entrevistas psicológicas posteriores donde en una de ellas, afirmó “cada día pensaba que era el último y que ya iban a tener permiso para hacerme la operación. Yo tenía miedo de morirme. Lloraba mucho y que para que me hacían eso, si los doctores son para curar”, (…) En cuanto al tercer elemento de análisis, el fin (…) En El Salvador, la penalización absoluta del aborto, afecta en forma discriminatoria y desproporcionada los derechos de las mujeres embarazadas, pues se impide que reciban un tratamiento médico que garantice su integridad personal, su salud y su vida y discrimina indirectamente a las más vulnerables específicamente por motivos socioeconómicos (…) En relación con el último requisito, la participación de actores estatales, cuando se prohíbe el aborte incluso en los casos en que es necesario para proteger la integridad, la salud y la vida de la mujer embaraza, los autores son ante todo los legisladores que crearon la prohibición, los jueces que la aplican y todos los funcionarios públicos que hacen cumplir la prohibición, incluidos los profesionales médicos que también pueden ser concebidos como perpetuadores”, enfatizó.
Del otro lado, Juana Acosta una de las abogadas representante de El Salvador, expuso que más allá de los hecho del caso que representan enormes complejidades, la comisión que representa a Beatriz le están pidiendo a la corte que asuma un papel decisivo, “esto es que afirme que la convención exige a los Estados una única forma posible de balance entre los derechos de las mujeres y de los seres humanos que están por nacer, el problema es que al hacerlo, no solo se pretende eliminar a una de los lados de esa balanza, sino darle al tribunal internacional un papel que no tiene (…) Despenalizar una conducta no la convierte en un derecho”, señaló.
A su lado, la abogada Ana María Idárraga, quien también actúa como representante de El Salvador, respondió ante la Corte Interamericana que no hubo una conducta omisiva por parte de las autoridades que hubiera producido un grave peligro a los derechos a la vida y a la salud de Beatriz, mencionando las declaraciones de quienes actuaron en los peritajes del Estado y asegurando que las decisiones médicas y legales tomadas en el caso de Beatriz fueron adecuadas y se actuó conforme a la legislación vigente.
«La Corte debe examinar con cuidado la premisa que fundamenta todos y cada uno de los argumentos de la Comisión y de los representantes, esto es que en este caso existe una tensión entre los derechos de una persona, Beatriz y el interés estatal de proteger la vida prenatal o el valor jurídico de la vida del producto de la gestación (…) Esta premisa es falsa, ya que este caso involucra dos seres humanos, y por lo tanto dos personas titulares de los derechos convencionales, Beatriz y su hija Leilani”, alegó.
Leilani, es la forma en la que el Estado y sus representantes se refirieron durante toda la audiencia y su expediente al producto del embarazo de Beatriz.
Además, el Estado ha argumentado que la prohibición del aborto en El Salvador es una política pública basada en la protección del derecho a la vida desde la concepción, y que cualquier cambio en esta política debe ser decidido a través de los procesos democráticos y legislativos del país.
En su defensa, el Estado también ha cuestionado la imparcialidad de algunos de los peritos presentados por la parte demandante, alegando que sus opiniones están sesgadas y no reflejan una evaluación objetiva de los hechos del caso. Asimismo, el Estado ha subrayado que las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron cumplidas en la medida de lo posible, y que se tomaron todas las acciones necesarias para proteger la vida y la salud de Beatriz.
“Vale la pena aclarar que no existe ninguna conexión entre la evolución de la segunda gestación de Beatriz y su lamentable muerte 4 años después a causa de un accidente de tránsito. En el caso de Leilani, la niña nació viva y murió 5 horas después como consecuencia de un proceso natural (…) El Estado garantizó el derecho a la vida”, fundamentó.
Un caso que retrata la realidad de las mujeres en la región
El caso de Beatriz en El Salvador es un reflejo impactante de la realidad que enfrentan muchas mujeres en la región. La lucha de Beatriz y su trágico desenlace subrayan la necesidad urgente de revisar y reformar las políticas de salud reproductiva para proteger la vida y la dignidad de las mujeres. Tal como asevera María Teresa Blandón, defensora y activista feminista nicaragüense de la Sombrilla Centroamericana para el caso de Beatriz.
“Esta situación es, digamos, particularmente expresiva de la realidad que viven miles, millones de mujeres en el mundo entero, pero particularmente en América Latina y el Caribe, donde la pobreza, donde la desigualdad, donde la reducción del Estado y de las políticas públicas han afectado de manera particular a las mujeres y a las niñas”, detalla.
Para Claudia Rosales, defensora de derechos humanos guatemalteca y parte de la Sombrilla Centroamericana en el caso de Beatriz, las mujeres en situación de pobreza y las mujeres con discapacidad son consideradas como sujetas a tutela por parte de las instituciones estatales y otras entidades del tejido social. Estas instituciones pretenden tomar decisiones sobre sus vidas y cuerpos, lo que ocasiona que, cuando las mujeres solicitan o demandan la posibilidad de tomar decisiones sobre su reproductividad, se enfrenten a la prohibición del ejercicio de sus derechos y, posteriormente, a la criminalización por ejercerlos.
“Esto las afectas fuertemente en términos de verse confrontadas con situaciones de obligatoriedad a vivir de forma forzada ejercicios de embarazos o de maternidades pero también en verse confrontadas en llevar vidas con efectos de culpa sobre sus decisiones, sobre cosas que en mucho de los casos no tienen nada que ver con sus propios deseos, sus propios planes de vida sino conque el contexto las orillas en algún momento dado y las situaciones que menos se observa son cuando estas mujeres están en condiciones de empobrecimiento o discapacidad”, agregó.
Rosales comparte que el contexto de criminalización de estos eventos hace que muchos casos similares al de Beatriz se manejen de bajo perfil, lo que limita la posibilidad de establecer parámetros de similitud en toda la región, ya que muchos de estos casos ni siquiera llegan a procedimientos judiciales. Añade que el caso más cercano en Guatemala ocurrió en 2021, cuando una mujer de 23 años acudió a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Tiquisate, Escuintla, debido a sangrado y dolores abdominales. Un grupo de médicos de la institución la denunció porque, al evaluarla, localizaron residuos de un medicamento no autorizado, lo que dio pie a una sospecha de aborto provocado sin haber evacuado las sospechas con la implicada y su custodia policial.
“Estas cosas son las que nosotras observamos y que van haciendo que a estas mujeres en situación de empobrecimiento, no se tomen en cuenta sus propias decisiones con respecto a sus cuerpos y reproductividades, que van a hacer criminalizadas y torturadas en razón de crimen y no en razón de atender su salud sexual, reproductiva o su salud integral siquiera como mínimo”, detalló.
Por su parte, Ana Quirós, costarricense y nicaragüense, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), «la criminalización del aborto y a servicios de salud de calidad en el Salvador, en Nicaragua y en otros países de la región, limita las posibilidades de las mujeres en edad reproductiva para acceder a servicios de salud de calidad, especialmente para las mujeres que tienen una situación de vulnerabilidad “en este caso las mujeres del área rural, las de bajos recursos económicos, a las que no pueden pagar por servicios de salud de calidad, las mujeres indígenas y a todas aquellas que no tengan la posibilidad de costearse servicios de salud de calidad donde las restricciones legales no se aplican”, expresó.
Quirós agrega que las mujeres migrantes también constituyen uno de los grupos con mayores limitaciones en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. En una región donde la migración es extremadamente frecuente, las mujeres migrantes enfrentan grandes obstáculos, tanto para obtener ingresos económicos suficientes como para satisfacer sus necesidades de salud en general, y en particular, las de salud reproductiva.
“Esto lo vemos con mucha claridad aquí en Costa Rica donde las mujeres migrantes viven grandes limitaciones para tener el acceso a servicios de salud que se derivan del seguro social porque la inmensa mayoría de las mujeres migrantes no están cubiertas por el seguro social”, declara.
Blandón refiere que en el caso de Beatriz se han violado varios derechos, como el derecho a una salud de calidad y el derecho a decidir. Por eso, el caso de Beatriz es emblemático y debe ser considerado no solo en el contexto de su historia personal, sino también en la realidad que enfrentan miles de mujeres en El Salvador, Centroamérica y la región.
“Si ve la realidad por ejemplo de Nicaragua o la realidad de Honduras, donde también está penalizado de manera absoluta el aborto, va a encontrar coincidencias bastante grandes con la situación de El Salvador en el sentido de que son países muy pobres, que son países donde se invierte muy poco en las políticas de salud, son países donde las mujeres tienen, digamos, poca información, pocos márgenes para tomar decisiones, problemas de salud que se agravan con el embarazo, se enfrentan a situaciones incluso de violencia, digamos, institucional (…) son mujeres que se ven obligadas a correr riesgo innecesario (…) Y que estas leyes, lo que hacen es revictimizarlas y obligarlas a que asuman una maternidad impuesta, una maternidad forzada. Por eso es por lo que nosotras decimos que la penalización del aborto es también una forma de violencia de Estado. O sea, no solo es la violencia cotidiana que sufren, sino la violencia del Estado que le impone, digamos, la maternidad sin tomar absolutamente en cuenta la vida de esa mujer, sus decisiones y sus derechos (…) Beatriz siempre dijo yo quiero vivir, yo quiero vivir por mí, yo tengo otro hijo y Estado desoyó absolutamente esta demanda fundamental que está contenida en su propia constitución, el derecho a la vida y el derecho a la salud y además el Estado torturó a esta mujer sin necesidad, o sea hizo que pasaran muchos meses viendo como su salud se deterioraba y enfrentando el miedo a la muerte.”, declara.
Blandón continúa diciendo que es necesario en todos los países de la región latinoamericana, donde la criminalización del aborto aún forma parte de sus legislaciones, garantizar que las mujeres que abortan, ya sea por elección propia o por otras circunstancias, no sean criminalizadas. “El impacto que tiene la penalización del aborto en nuestros países es grave porque es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres y de las niñas (…) también porque naturaliza el embarazo y la maternidad como una obligación y no como un derecho para las mujeres, incluso naturaliza el embarazo y la maternidad originados por el abuso sexual y la violación (…) eso es una distorsión terrible (…) la penalización obliga a muchas mujeres al aborto clandestino y ya sabemos que el aborto clandestino tiene muchos riesgos y que hay gente que también se puede beneficiar de eso”.
La sombra del bloque religioso y conservador en el caso de Beatriz
Diputados del Partido Nueva República, representantes de iglesias, feligreses y miembros del Frente Nacional por la Vida, realizaron la caminata “1 kilómetro por la vida” el 10 de noviembre de este año en San José, Costa Rica. Dirigiéndose hacia la sede de la Corte Interamericana, el principal mensaje de la marcha pedía al grupo de jueces que fallaran en contra del aborto en el caso de Beatriz vs. El Salvador y que no se dejaran manipular por grupos abortistas ya que el fallo a favor de la Corte Interamericana abrirá las puertas al aborto libre en Latinoamérica.
Esta actividad se enmarcó en la iniciativa #CasoBeatriz, impulsada por 95 organizaciones de corte religioso en Latinoamérica. Estas organizaciones afirman que el caso fue manipulado para promover la legalización del aborto en la región y que la industria abortista ha financiado a jueces y denunciantes, abusando psicológicamente de Beatriz y discriminando a Leilani por su condición de discapacidad. Aseveran que la suma financiada asciende a ochenta y seis mil setecientos quince dólares con setenta y siete centavos, provenientes distintas organizaciones internacionales de cooperación internacional.
El Frente Nacional por la Vida, organización que lidera la iniciativa #CasoBeatriz en Costa Rica, junto a Citizen Go de México, han desarrollado una fuerte campaña y acción de calle que incluyen visitas a la Asamblea Nacional de Costa Rica y diálogos con diputados del partido Nueva República, campañas por redes sociales y más recientemente, en el mes de noviembre, una moción promovida por la bancada de Nueva República para que el gobierno de Costa Rica, retire al país como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la eventualidad de un fallo favorable a la víctima en el caso de Beatriz vs El Salvador.
Durante el debate, el diputado Fabricio Alvarado expresó que, en la anterioridad, la Corte Interamericana ha tomado decisiones obligando al país a modificar su legislación nacional, “como país debemos darnos a respetar ante una Corte Interamericana que ya sería la tercera vez que se nos impone algo que se tiene que aprobar, que se tiene que legalizar sin pasar por la Asamblea Legislativa, algo que debería discutirse aquí y que debería decidirse aquí en este plenario, legislativo”, expuso.
Por su lado, la jefe de la bancada de gobierno Pilar Cisneros, mostró su rechazo a la moción propuesta y explicó que no se puede votar por razones hipotéticas y que esperaba un fallo prudente, ya que la corte [al momento del debate] no había resuelto nada, sin embargo también aclaró que “la gran mayoría del pueblo costarricense en diferentes encuestas y el gobierno, han defendido vehemente el concepto de que la vida es sagrada y que hay que defender la vida, sobre todo los casos más vulnerables como es un niño que ni siquiera ha nacido. Así que el gobierno seguirá defendiendo ese concepto de respeto absoluto a la vida hasta las últimas consecuencias.”
Durante los días previos a la lectura de sentencia, también se organizaron vigilias de oración y la entrega de 47 mil firmas recolectadas a las autoridades de la Corte Interamericana.
La iniciativa #CasoBeatriz es financiada y respaldada por Global Center for Human Rights (GCFHR) que se describe a sí misma como una organización no gubernamental que trabaja para construir y consolidar una nueva generación de tomadores de decisiones dispuestos a defender la vida, la familia, la libertad religiosa y la democracia. La GCFHR acusa que las organizaciones como la OEA y la ONU se han vuelto instrumentos de colonización ideológica que menoscaban la autoridad del poder legislativo y la democracia en países arraigados en valores cristianos.
Los grupos religiosos han tenido una influencia significativa en los temas de salud sexual en Latinoamérica. Estos esfuerzos han tenido un impacto considerable en la configuración de las políticas y la percepción pública sobre estos temas.
Al respecto, Quirós advierte que los grupos conservadores y algunos grupos religiosos movilizan a la opinión pública equiparando el aborto a un asesinato, lo que representa una larga tarea para los movimientos feministas y de derechos humanos, de lograr que las decisiones de las autoridades se basen en información científica verificable y no en prejuicios.
“Estos grupos han pagado anuncios en los buses, anuncios en las carreteras, anuncios en radios para presionar a los magistrados y magistradas y han hecho digamos toda una campaña de odio en contra de la Corte Interamericana en primer lugar, pero también en contra de en particular de los magistrados y magistradas” agrega.
El Salvador es responsabilizado internacionalmente
La sentencia sobre el caso fue dictada por la Corte Interamericana el 20 de diciembre de 2024, en un acto virtual en el que estuvieron presentes representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluyendo su presidenta Roberta Clarke y su secretaria ejecutiva Tania Reneaum Panzi. Por el lado de la defensa participaron la madre de Beatriz; Morena Herrera, Irma Lila y Angélica Rivas de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador; Sara García Gross de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto; María Fernanda Díaz de León Ballestero, Herma Arauco, Marisol Escudero Martínez, Karen Padilla y Alexandra Díaz de IPAS LAC; y Marcela Martino, Isela de León y Camila Ormar de CEJIL. En representación de la República de El Salvador estuvieron presentes Andrés Guzmán Caballero, Gloria Martínez y Juana Acosta.
La decisión fue pronunciada por el juez Rodrigo Mudrovitsch, vicepresidente de la Corte, acompañado por la secretaria adjunta María Gabriela Pacheco Arias. La Corte Interamericana declaró a El Salvador responsable internacionalmente por incumplir su deber de debida diligencia en la garantía de los derechos al acceso a recursos judiciales efectivos, a la integridad personal, a la salud y a la vida privada de una mujer que transitó un embarazo con múltiples riesgos en una situación de violencia obstétrica generada por la inseguridad jurídica sobre la legalidad de la actuación del personal médico involucrado en su caso.
La Corte Interamericana concluyó que la víctima enfrentó situaciones en el sistema de salud pública y de administración de justicia que generaron inseguridad jurídica en términos de atención médica oportuna y adecuada, y violencia obstétrica. Agregó que la falta de certeza jurídica sobre el abordaje de su caso llevó a burocratizar y judicializar la atención médica requerida, lo que afectó la integridad personal de la víctima y de su familia, incluyendo a su hijo, producto de su primer embarazo, que al momento de los hechos tenía poco más de un año.
Aunque los puntos resolutivos no fueron todos aprobados por unanimidad, la sentencia recoge 11 puntos clave. Estos incluyen el reconocimiento de la sentencia misma como reparación; medidas de rehabilitación como tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico para los familiares de Beatriz que así lo soliciten; y la adopción de medidas normativas necesarias para brindar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial frente a situaciones de embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer.
Dentro de las medidas que la Corte Interamericana exige al Estado para reparar los daños causados y garantizar la no repetición, el Estado deberá elaborar un plan de capacitación dirigido al personal de salud de los hospitales que tengan secciones de atención a la maternidad, a las personas operadoras de justicia y al personal estatal con competencia en la materia, para divulgar estas medidas.
Asimismo, la sentencia manda al Estado a pagar aproximadamente USD 188,772.70 por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y reintegro de costas y gastos. Y dentro de un año, año contado a partir de la notificación de esta sentencia, El Salvador, deberá rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con lo indicado.
En la sentencia, fue en extremo notorio, el voto parcialmente disidente del juez Humberto Antonio Sierra Porto, quien expresó que la criminalización del aborto en casos de riesgo para la madre y de inviabilidad de la vida extrauterina del feto como el caso de Beatriz, es contraria a la Convención Americana y acusa a la Corte de omitir groseramente, un análisis que considerara estos elementos, por tanto expone que la postura asumida por el tribunal, «desconoce los derechos de las mujeres a la vida, la integridad, la libertad, la vida privada, y en últimas la protección de la dignidad de las mujeres y su derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación«.
En este sentido, agrega que la Corte Interamericana, no cumplió con su deber de realizar una interpretación sistemática y con perspectiva de género de la Convención Americana, lo cual la habría llevado a concluir que El Salvador era responsable por la violación causada por la criminalización del aborto.
Sierra Porto, concluyó diciendo que «las decisiones de las Cortes sobre estos temas no pueden hacerse teniendo como criterio consideraciones coyunturales, relativas a proyectos políticos más o menos progresistas. La posición de los gobiernos y grupos de interés de la región no puede determinar el acento de las decisiones de la Corte. Espero que en futuros casos el Tribunal retome su norte de protección de los derechos humanos, amparado exclusivamente en sus competencias y obligaciones como garante y máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos».
Justicia para Beatriz, es justicia para todas.
¡Justicia para Beatriz! ¡Justicia! ¡Justicia para Beatriz! ¡Justicia! Fue el mensaje con el que el amplio colectivo feminista de El Salvador, Centroamérica y otros países de la región, celebraron la sentencia de la Corte Interamericana que declaró a El Salvador responsable por la violación de los Derechos de Beatriz y sus familias. Mujeres abrazándose, coreando sus consignas de lucha y levantando sus pañuelos verdes y morados, inundaros las redes sociales como mensaje de celebración y resistencia.
Para Alexandra Salgado, feminista y defensora de derechos humanos nicaragüense, quien estuvo profundamente involucrada en el movimiento de solidaridad para Beatriz en la región, el fallo representa el asentamiento de un precedente de análisis y referencia para la construcción de propuestas de ley que promuevan la garantía de un aborto legal, seguro y gratuito en Centroamérica. Agrega que este fallo, toma realce sobre todo en el contexto actual, cuando la región experimenta una creciente ola anti derecho, no solo sobre el derecho a decidir sobre los cuerpos de las mujeres.
Blandón, por su lado señala que la sentencia emitida, es un mensaje para El Salvador y todos aquellos países donde el aborto está penalizado de manera absoluta. Un indicador de avance en materia de derechos humanos y un mensaje positivo para millones de mujeres y de niñas que se han enfrentado a embarazos no deseados, a embarazos no planificados, a embarazos impuestos por la vía de la violencia “Porque el primer derecho humano que estamos defendiendo con Beatriz, pero también con miles de mujeres en la región, es el derecho a la vida, es el derecho a la salud, es el derecho a acceder a políticas, a servicios de salud reproductiva de calidad oportuna, adecuada a las necesidades de las mujeres. Y esa es la responsabilidad del Estado. El Estado no existe para recortar derechos o para poner en riesgo la vida de sus ciudadanos. Eso es un contrasentido” agregó.
Al respecto, Quirós añade que la sentencia [de la Corte Interamericana] en primer lugar representa un hito en la historia y en la jurisprudencia en América Latina, en particular en Centroamérica porque es una decisión fundamentada no sólo la teoría de los derechos humanos sino también en la doctrina de la protección a las víctimas y en particular a las mujeres. A su vez, reflexiona que, probablemente lo más trascendente es que el Estado de El Salvador está obligado a implementar un proceso de capacitación de manera inmediata con relación a los derechos de las mujeres y la protección basándose en la Convención por la Eliminación de Toda Forma de Violencia en Contra de las Mujeres, mejor conocida como la Convención de Belém do Pará.
“Es un hecho histórico, pero, aunque lo veamos con mucha positividad, sabemos que esa sentencia no significará un cambio radical a lo inmediato, pero sí permitirá continuar presionando y haciendo esfuerzos para que las mujeres en un futuro, esperamos que no muy lejano, puedan ejercer sus derechos sin discriminación, sin marginación, sin prejuicios y basándose en la doctrina de los derechos humanos para todas y todos”, detalla.
Rosales, menciona que, en el caso de Guatemala, las principales demandas de las organizaciones feministas en materia de salud sexual y reproductiva, sigue siendo la reducción de las muertes maternas, el acceso a métodos anti fecundativos y el acceso a abortos seguros, cuestiones que siguen siendo importantes para el cuidado de la vida de las mujeres. Expresa que si bien, en estos momentos los movimientos feministas en Guatemala no han presentado ninguna iniciativa que vaya encaminada a este objeto en particular [el aborto] siguen atendiendo las necesidades de las mujeres, que se corresponden con el acceso a información sobre el marco legal regulatorio de país y que es importante para que este no límite de ninguna manera el acceso a todo esto en Guatemala.
“En los últimos años hemos estado procurando el cuidado de lo que ya se tiene, sobre todo, de cara al accionar de grupos anti derechos que han estado queriendo mover una serie de legislaciones que podrían afectar el acceso a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo el acceso a la información clara de base científica, el acceso a la educación integral de sexualidad y a la información que nosotras pudiéramos intercambiar, que permita a las mujeres tomar decisiones por la reproductividad” explica.
Para Rosales, este fallo sienta un precedente legal que permitirá a las mujeres centroamericanas avanzar con mayor firmeza hacia el acceso a la salud reproductiva, la salud sexual y una vida plena y placentera para todas. “La sentencia dictada es un paso hacia la justicia para Beatriz, pero también representa un avance significativo para todas las mujeres en Centroamérica”.
En conferencia de prensa organizada por la iniciativa #JusticiaPara Beatriz, Delmi, la madre de Beatriz, consideró la sentencia de la Corte Interamericana como un triunfo, reconociendo que no ha sido fácil, pero que, lo dictado por la Corte, obliga al Estado a cumplir y eso garantiza un paso hacia la Justicia para Beatriz.
Por otro lado, Angelica Rivas, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, agradeció a todo el movimiento feminista y organizaciones que han acompañado el caso y a las mujeres salvadoreñas durante estos 11 años de lucha y denuncia de lo que pasa en El Salvador respecto a los derechos reproductivos de las mujeres. “Hoy en El salvador y el mundo es un gran día que pasará a la historia por la sentencia que ha dado la Corte Interamericana a una situación que por años han denunciado las feministas en El Salvador. Es un triunfo de El Salvador y las feministas del mundo que nos han acompañado y nos seguirá acompañando” expresó.
La hermandad feminista por Beatriz en Centroamérica
El caso de Beatriz vs El Salvador promovió una notable solidaridad entre los movimientos feministas de la región. Este caso se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos y la justicia para las mujeres en Centroamérica y más allá. Organizaciones feministas de El Salvador y de toda Centroamérica se unieron para apoyar a Beatriz y exigir justicia, destacando la violencia obstétrica y la falta de atención médica adecuada que enfrentó. La colaboración y el apoyo mutuo entre los movimientos feministas fueron fundamentales para llevar el caso a la atención internacional y lograr este importante fallo.
Rosales indica que, en Guatemala, el caso ha tenido un impacto significativo gracias a la comunicación lograda a través del espacio de solidaridad #JusticiaParaBeatriz y la Sombrilla Centroamericana. Estos esfuerzos permitieron conocer y acompañar el caso en todas sus etapas, reuniendo las acciones del movimiento feminista para exigir una sentencia favorable para Beatriz.
En tanto, Salgado exterioriza que el movimiento feminista nicaragüense, se han involucrado de lleno y de muchas formas. Tanto en acciones de calle como repartir volantes, realizar vigilias fuera de las instalaciones de la Corte Interamericana y compartir información sobre el caso para la concientización en aulas de clases dentro de las universidades.
“Las mujeres feministas nicaragüenses también hemos hecho un trabajo de vocería, ya que las mujeres salvadoreñas no pueden estar en CR todo el tiempo, entonces aportamos en la co-vocería para mantener el caso. También hemos acompañado y acuerpado a nuestras colegas salvadoreñas. Hemos estado prestas para los llamados de acción porque estas realidades que tenemos en Nicaragua y El Salvador son muy similares (…) El movimiento de mujeres feminista de El salvador y Nicaragua ha creado una red impresionante, una alianza y una vinculación que es de admirar (…) esto para nosotras es maravilloso y de ahí este compromiso con las mujeres feministas de el salvador. Acompañándonos a como ellas nos han acompañado en la crisis de Nicaragua”, asegura.
El caso de Beatriz vs. El Salvador ha dejado una huella profunda en la lucha por los derechos reproductivos en América Latina. La penalización absoluta del aborto en El Salvador ha llevado a situaciones extremas, donde mujeres como Beatriz han enfrentado riesgos mortales sin acceso a opciones médicas seguras. La sentencia de la Corte Interamericana, que condena al Estado salvadoreño por violaciones a los derechos humanos de Beatriz, marca un precedente histórico y un paso hacia la justicia para las mujeres en la región.
En Costa Rica, el caso ha reavivado el debate sobre el aborto, con grupos conservadores movilizándose en contra de la despenalización y promoviendo campañas para influir en la opinión pública y las decisiones judiciales. Sin embargo, la solidaridad entre los movimientos feministas y las voces de expertas y activistas han sido cruciales para visibilizar la necesidad de garantizar los derechos reproductivos y la salud de las mujeres.
Periodista e investigadora: Guadalupe Solís Lacalle
