En Nicaragua, la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha sostenido un ataque sistemático contra las universidades, convirtiéndolas en el blanco de una represión que busca silenciar las voces disidentes.
Diversas organizaciones de sociedad civil y grupos estudiantiles han denunciado que desde 2007, con el regreso de Ortega al poder, la autonomía universitaria ha vivido un proceso gradual de asfixia, que ha culminado en el cierre arbitrario de decenas de instituciones educativas. Este ataque sistemático ha dejado a miles de estudiantes sin futuro y ha sumido al país en una profunda crisis educativa.
La crisis educativa de Nicaragua en el escenario regional
Las personas activistas nicaragüenses continúan denunciado el deterioro de la educación en el país. Ejemplo de ello, es la Iniciativa Puente por los Estudiantes de Nicaragua (IPEN), que recientemente participó en la Audiencia Temática Regional Sobre Ataques a la Libertad Académica y Autonomía Universitaria. Donde a través de Marco Aurelio Peña, vicepresidente y director ejecutivo de IPEN, expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones y amenazas a los derechos humanos, específicamente a la Libertad Académica.
La audiencia, se llevó a cabo el 12 de noviembre en la sesión 191 de la CIDH en Washington DC y fue solicitada por La Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA) junto con el Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos (HRREC) de la Universidad de Ottawa, Scholars At Risk (SAR), Aula Abierta, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Observatorio Nacional de Violencia contra Educadoras/es de Brasil (ONVE), la Red Académicxs en Riesgo e IPEN.
En su participación, Peña destacó a Nicaragua como uno de los casos más graves de represión estatal contra la comunidad académica en la historia reciente del continente, con la cancelación y la nacionalización arbitraria de una treintena de universidades privadas, la criminalización de los estudiantes universitarios por ejercer sus derechos, y el éxodo masivo a consecuencia de una severa fractura social.
“Esta inquisición contra la educación impuso en las universidades que sobreviven, una práctica de alineamiento, silencio y autocensura para no sufrir los mecanismos de represalias políticas perpetrados por el Ministerio del Interior, Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y Consejo Nacional de Universidades (CNU). El estado nicaragüense es el victimario que atropella las libertades de pensamiento, catedra y expresión”, añadió Peña.
Además, en su exposición nombró a la dirigencia de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y al centro universitario de la Universidad Nacional, como organizaciones leales al gobierno sandinista que operan en nombre del estudiantado. “Las universidades públicas, han sido copadas de operadores políticos, son centros de espionaje y adoctrinamiento. Las aulas de clase son cajas de resonancia de la propaganda partidaria familiar del gobierno actual”, enfatizó.
En otro escenario, los días 20 y 21 de noviembre, en Washington DC, se llevó a cabo la III Conferencia de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CAFA), donde estuvieron participando Alexander Reyes Guevara, investigador y defensor del derecho humano a la educación del Observatorio para la Participación e Incidencia Nacional (OPINA) y Elthon Rivera, presidente de IPEN.
En su participación, Reyes Guevara, centró su exposición en el cierre de los espacios académicos y los ataques sistemáticos que ha experimentado la educación en Nicaragua, refiriéndose al conjunto de acciones y políticas gubernamentales que han restringido o eliminado la libertad académica y la autonomía universitaria, provocando consecuencias negativas para la educación superior y la sociedad en general.
Para Reyes Guevara, el cierre de los espacios académicos en Nicaragua viola el derecho a la educación y a la libertad académica, garantizados por diversos tratados internacionales, debilitando el estado de derecho y creando un clima de inseguridad jurídica, pues al limitar la libertad de pensamiento, la participación ciudadana y el acceso a la información, se socavan las bases de una sociedad libre y democrática.
Durante su intervención, también manifestó que el Estado de Nicaragua ha mantenido un ataque sistemático contra todos los sectores sociales, incluida la comunidad educativa, a través de acciones de quiebre como la militarización de las universidades, la asfixia económica, ruptura del tejido social universitario, represión selectiva a la disidencia y operaciones administrativas y legislativas.
“Estos actos, lejos de ser aislado, forma parte de una estrategia más amplia para controlar la sociedad civil y perpetuar un modelo autoritario”, dijo Reyes.
Por su lado, Rivera, aprovechó el espacio, para hacer un recorrido por el deterioro de la educación superior en Nicaragua, pasando por las expulsiones, los despidos injustificados a docentes, el encarcelamiento y destierro a académicos y estudiantes, así como las reformas a la Ley N° 89 de autonomía universitaria que oficializan la intervención policial en los recintos universitarios, otorga mayor control del CNU en las universidades miembros y da facultades al Ministerio de Hacienda en la distribución del 6% del presupuesto destinado a las universidades.
Rivera también agregó, que el ataque a las universidades en Nicaragua sigue pasando. “Las universidades siguen siendo centros de represión y violencia contra el estudiantado y contra el personal académico (…) a los jóvenes que tienen un pensamiento critico y que tienen una opinión disidente y diferente al regimen sandinista, se les sigue expulsando de las universidades, hay una política de silencio y de aceptación de un sistema político que no beneficia en lo absoluto el desarrollo del pensamiento crítico (…) se han vuelto un aparataje político que lo único que pretende es promover el proselitismo”, subrayó.
Entre los ataques que Rivera destacó, se encuentra la negación de documentos académicos a jóvenes universitarios, casos que han documentado desde IPEN, impidiendo que puedan seguir sus estudios de educación superior fuera de Nicaragua.
“Deliberadamente el gobierno a través de las universidades les niega sus notas, les niega sus títulos, les niega cualquier documento que ellos pudieran utilizar en otros países para matricularse”, agregó.
Elthon también declaró que el Estado de Nicaragua ha quebrantado al menos 10 de los 16 Principios Interamericanos sobre Libertad Académica, establecidos por la CIDH en 2021. Entre estos, destacan los principios IV, V y XIV, que se refieren a la autonomía universitaria, la protección contra la violencia y la libertad de asociación, respectivamente.
Su importancia y el llamado a la acción
Para Reyes Guevara, estos espacios son de alta relevancia porque suponen una amplificación de las denuncias ya que permite hacer conexiones con otras personas defensoras que podrían llevar el mensaje a sus entornos, a la vez que se sensibiliza sobre la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua. “A pesar de que el caso de Nicaragua ha sido documentado por diversos organismos internacionales, regionales y nacionales, la información aun no llega a todas las personas. Por eso, seguir contando que pasa, desde las voces de las víctimas y la academia, es primordial para contribuir a la restitución de los derechos humanos, en este caso específico, el derecho humano a la educación. Entre más personas hablemos, más pronto llegará nuestro mensaje”, añadió.
Por su parte, Peña expresó que la audiencia temática ha marcado un hito al visibilizar, denunciar y actualizar sobre los eventos recientes que la CIDH desconocía. Además, destacó la relevancia del caso de Nicaragua, situándolo junto a otros países de la región que también registran violaciones a la libertad académica, como Brasil, Argentina, El Salvador, Cuba, Chile y Venezuela.
Dentro de los llamados a la acción realizados por este grupo de activistas, Peña instó a los países de América a sumar esfuerzos en torno a la cooperación y la reinserción educativa, en beneficio de estudiantes, jóvenes y académicos nicaragüenses.
Por su parte, Rivera enfatizó la necesidad de unir esfuerzos para presionar a nivel regional al gobierno central de Nicaragua y detener estos ataques. Además, solicitó a la CIDH que valore y estudie las denuncias de estudiantes nicaragüenses víctimas de violaciones a sus derechos humanos, que no fueron admitidas debido a dificultades en el agotamiento de la vía administrativa interna. “En Nicaragua el agotamiento de los procesos internos no es posibles y lejos de proteger a las personas afectadas, les pone en un riesgo mayor”, concluyó.
Reyes Guevara,sumó a los llamados, la necesidad de crear redes de acogida, sobre todo en los países a los que se han desplazado estudiantes, jóvenes y académicos nicaragüenses. «No es verdad que salir de Nicaragua se ha traducido en un mejor escenario para las juventudes y docentes nicaragüenses. El desplazamiento de este sector social debe de verse como una consecuencia más de las violaciones a los derechos humanos que han vivido por órdenes de la administración de Ortega y Murillo. Las juventudes tienen dificultades para su reinserción académica en estos países, sumado a los propios desafíos que significa ser migrantes y exiliado, por las burocracias y narrativas xenofóbicas, que muchas veces vienen de la propia estructura estatal en estos países”. mencionó.
El grupo de activistas expresaron que, a pesar de los avances y espacios como estos, siguen existiendo retos significativos en los procesos de denuncias sobre la violación a libertad académica autonomía universitaria.
Para Marco Aurelio Peña, «aunque se cuenta con testimonios debidamente documentados y publicaciones en medios de comunicación independientes, no hay registro completo de las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de la comunidad (…) quienes han sufrido detenciones arbitrarias destierro y desnacionalización sin la tutela de la justicia nacional”, destacó.
Reyes Guevara, expresó que el derecho a la educación es un derecho habilitante para la democracia y que, en ese sentido, hacen falta mayor participación de los sectores sociales nicaragüenses. “Las personas académicas, no solo hablan de educación, hablan sobre economía, medio ambiente, salud, cambio e inclusión social, hablan de género. En nuestro caso, hace falta mayor participación de voces femeninas en estos espacios, por ejemplo”., subrayó.
Reconocimiento al trabajo de IPEN
El 17 de noviembre, IPEN anunció, a través de sus redes sociales, que ha sido galardonada con el premio “Student Peace Prize 2025”.
De acuerdo con Peña, [el premio] es un gran reconocimiento al trabajo de un proyecto de sociedad civil, que durante estos dos años, ha enfocado sus esfuerzos en generar soluciones a nivel micro para la población juvenil afectada.
“IPEN no es una organización estudiantil, no es una organización política, es un proyecto de sociedad civil que nació para generar soluciones a nivel micro. Por supuesto que la población perjudicada, la cantidad de jóvenes afectados con la crisis sociopolítica y de derechos humanos que aflige Nicaragua, es considerablemente superior a las capacidades organizacionales de IPEN, pero, aun así, el generar un impacto en más de 160 personas, en 2 años de funcionamiento, con oportunidades de educación superior, asesoramiento, acompañamiento en materia educativa, ayuda humanitaria con fines educativos y la formación cívica. Pensamos que no es poca cosa”, dijo Peña.
Agregó que este premio va dirigido a una colectividad que trasciende a IPEN, dedicado al estudiantado universitario nicaragüense, particularmente a las juventudes que demandaban despartidización política en las universidades públicas, reivindicar la autonomía universitaria, “fue muy beligerante, energizó el estallido social, motivó a los demás sectores sociales, inspiró a las demás personas (…) y que en más de una ocasión el gobierno les ha revictimizado e interrumpido arbitrariamente sus estudios, sea por asedio, amenaza, persecución, cárcel, exilio o expulsión”, expresa Peña.
IPEN es una organización de sociedad civil nicaragüense que opera desde el exilio en Costa Rica. Fue fundada en 2022 por jóvenes estudiantes defensores del derecho humano a la educación y víctimas directas de violación a sus derechos académicos.
IPEN, es la primera organización nicaragüense y centroamericana en obtener este reconocimiento. Y la segunda en latinoamericana.
La educación superior en Nicaragua.
Durante las intervenciones, el grupo de activistas hizo referencia al encarcelamiento y destierro de varios catedráticos. Entre ellos, Edgar Parrales, detenido en noviembre de 2022 y acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional; Freddy Quezada, catedrático de la UNAN-Managua, detenido en noviembre de 2023 y condenado por incitación al odio debido a sus críticas al Estado de Nicaragua en redes sociales; y María Teresa Blandón, catedrática y activista feminista, imposibilitada de regresar a Nicaragua y obligada al exilio en 2022. También mencionaron a Sergio Bonilla, rector de la Universidad Internacional de Integración de América Latina (UNIVAL), y a Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire, ambos exiliados y perseguidos después de que sus universidades fueran confiscadas en 2022.
Según datos de IPEN, 153 docentes y personal administrativo han sido despedidos injustificadamente. 108 entre 2018 y 2019, 25 en 2020 de la UNAN- León y 20 de la UNA en 2022, que fueron identificados por su apoyo en las protestas cívicas de 2018.
Por otro lado, OPINA registra que, hasta la fecha, 37 universidades han sido afectadas por orden del Estado nicaragüense: 33 han sido confiscadas y clausuradas, y 2 se disolvieron voluntariamente, siendo la última en cerrar en febrero de 2024. En el caso de la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URRACCAN), cancelaron sus registros como organizaciones sin fines de lucro, pero continúan funcionando como universidades comunitarias e interculturales.
De estas universidades, solo 7 volvieron a su funcionamiento, con otros nombres y bajo control total del Estado de Nicaragua a través de sus brazos represores. Según la CIDH, el cierre de universidades ha dejado 37 mil estudiantes afectados.
OPINA, advierte que las violaciones a los derechos humanos en la educación se están extendiendo al sistema de educación básica y media.
Periodista: Guadalupe Solís Lacalle
