El activista salvadoreño y defensor de derechos humanos Fidel Zavala fue sentenciado a 15 años de prisión el pasado 10 de noviembre de 2026, tras ser declarado culpable del delito de estafa por un tribunal en El Salvador.
La captura de Zavala se ejecutó en febrero de 2025 junto a más de una veintena de integrantes de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), en el marco de una investigación por la presunta comercialización y venta irregular de lotes y parcelas.
Previamente, en 2022, el activista ya había sido procesado y privado de libertad bajo cargos similares de estafa; sin embargo, en aquella ocasión obtuvo su libertad tras ser absuelto por insuficiencia probatoria. Tras su excarcelación, y con el respaldo de UNIDEHC, Zavala interpuso una denuncia formal ante la fiscalía general de la República contra el sistema penitenciario, señalando presuntos actos de tortura, malos tratos y fallecimientos de reclusos bajo custodia estatal.
Ante el reciente fallo condenatorio, UNIDEHC señaló que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades y calificó la sentencia como desproporcionada, asegurando que responde a una represalia directa por las denuncias presentadas contra las autoridades penitenciarias.
En la misma línea, la organización de derechos humanos Cristosal —que actualmente opera desde el exilio— emitió un pronunciamiento en el que afirmó que la resolución contra Zavala evidencia un patrón de persecución y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en el país, advirtiendo sobre la actuación del sistema judicial frente a quienes denuncian presuntas violaciones a garantías fundamentales.
