La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) instó a las autoridades judiciales de Costa Rica a investigar, como línea prioritaria, si el homicidio del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri guarda relación directa con su labor informativa y las denuncias previas sobre amenazas que había interpuesto.
Según el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo de Rodríguez Chaverri y le dispararon antes de huir. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del homicidio.
El fiscal general, Carlo Díaz, declaró ese mismo día a Telenoticias que el periodista había denunciado amenazas y que fue remitido al Programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos. Precisó que Rodríguez Chaverri se encontraba en el componente de atención, distinto al de protección. “Simplemente estaba ahorita en el programa de atención, que es muy diferente al de protección”, dijo.
De acuerdo con Díaz, el comunicador no aceptó ingresar al programa de protección, que es de carácter voluntario. La Fiscalía examinará ese señalamiento dentro de la investigación.
RSF pidió que se aclare cómo se evaluó el riesgo y qué medidas le fueron ofrecidas.Rodríguez Chaverri fundó y dirigió El Guapileño, un periódico regional. En los últimos tiempos publicaba contenidos informativos en sus propias plataformas, principalmente TikTok, donde abordaba presuntos vínculos entre el narcotráfico y figuras políticas y exresponsables de seguridad.
Artur Romeu, director de RSF para América Latina, calificó el asesinato como una señal de alarma en un país considerado durante décadas un referente de libertad de prensa en Centroamérica. Indicó que la organización ya había advertido sobre el aumento de presiones contra periodistas críticos. Según Romeu, las autoridades deben investigar de forma prioritaria la hipótesis de una relación con sus publicaciones y con las amenazas denunciadas, y garantizar que todos los periodistas, incluidos los independientes, puedan ejercer su labor sin represalias ni intimidaciones.
Costa Rica descendió del puesto 8 al 38 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF entre 2022 y 2026. La organización registra, pese a las garantías jurídicas existentes, un aumento de ataques verbales contra medios críticos, restricciones de acceso a la información pública y un clima que favorece la autocensura.
Una investigación de la periodista Daniela Muñoz Solano, publicada el 30 de septiembre de 2026 en Semanario Universidad, recogió los testimonios de Sylvia Ziesing y de Erick Sojo, fundador de Radio Zurquí, quienes atribuyen su salida del país a amenazas y hostigamiento. RSF recibió directamente información sobre el caso de Sojo. Muñoz también advirtió a la organización sobre la exposición de quienes informan desde plataformas propias.
En 2001, el periodista Parmenio Medina fue asesinado en el mismo cantón. En 2002, RSF inició una campaña contra la impunidad de ese crimen y, en 2003, insistió en que hechos como ese debían seguir siendo una excepción en la historia de la prensa costarricense.
