Durante una sesión especial, la Asamblea Nacional de Nicaragua presentó una iniciativa de reforma al artículo 12 de la Constitución Política. La propuesta establece que la Carta Magna prohíbe y no permite la extraterritorialidad de leyes extranjeras, admitiendo únicamente la aplicación de convenios firmados en nombre del Estado nicaragüense.
La normativa propuesta estipula que ninguna ley, reglamento o disposición emitida por otro Estado, grupo de Estados u organismo internacional que atente contra la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, la seguridad y la paz del pueblo nicaragüense surtirá efecto jurídico en el territorio nacional.
Esta iniciativa se presenta tras ante una propuesta de junta de gobierno de transición presentada en Estados Unidos por un sector de la oposición y la última resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que busca reunir a los cancilleres miembros para evaluar acciones diplomáticas frente a la situación institucional en Nicaragua.
«Nosotros debemos dejar sellado, claro, sin duda de que ninguna ley, venga de donde venga, de cualquier país extranjero, por muy potencia que sea, donde sea, ninguna ley tiene efectos jurídicos en Nicaragua», declaró Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.
