La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario presentó un informe técnico sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, al cumplirse 53 meses de la vigencia del régimen de excepción. El documento cifra en 547 el número de personas fallecidas bajo custodia del Estado durante este periodo.
Según los datos recabados por la organización, el 97% de las personas fallecidas no presentaba vínculos con estructuras delictivas o perfiles de pandilleros. Asimismo, el informe señala que el 94% de las víctimas carecía de antecedentes penales o nexos con grupos criminales, lo que, a juicio de los autores, constituye una serie de detenciones arbitrarias.
El informe contrasta estos hallazgos con compromisos internacionales suscritos por El Salvador, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP):
- Derecho a la vida (Art. 6): El documento enfatiza que la tutela estatal sobre las personas detenidas conlleva la obligación de proteger su integridad, señalando que las muertes en prisión representan una falla en esta responsabilidad.
- Derecho a la libertad y seguridad personal (Art. 9): El análisis cuestiona la legalidad de las capturas, fundamentándose en la ausencia de perfiles delictivos en la mayoría de los casos.
- Derecho a un juicio justo (Art. 14): Se advierte que las muertes ocurridas antes de una sentencia judicial vulneran la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de las víctimas.
Finalmente, el informe plantea la posibilidad de que estas violaciones a los derechos humanos, al presentar características de ser sistemáticas o generalizadas, podrían ser objeto de análisis bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). El documento sugiere que, bajo el Artículo 7 relativo a crímenes de lesa humanidad, estas muertes podrían catalogarse como asesinato, privación grave de la libertad física o persecución contra grupos identificables.
