El Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una resolución que restringe la aplicación de aranceles recíprocos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional (IEEPA). La decisión judicial delimita el alcance del Poder Ejecutivo en materia tributaria y establece que la potestad constitucional para fijar aranceles corresponde exclusivamente al Congreso.
El fallo introduce un marco de mayor previsibilidad jurídica para los exportadores hacia el mercado estadounidense. Al limitar la imposición masiva de aranceles ante amenazas externas —práctica implementada por la administración federal desde abril de 2024—, se busca reducir la discrecionalidad normativa en el comercio internacional.
Jaime Morales, Global Trade Senior Manager de EY, calificó la decisión como un hito: “El fallo fortalece la seguridad jurídica de los operadores, evitando obstáculos arancelarios sin límites definidos. Esto permite a las empresas estructurar de mejor forma sus cadenas de valor”.
Aunque la base jurídica utilizada anteriormente ha sido declarada ilegal, la suspensión de los aranceles no será inmediata. Se ha iniciado una fase de transición en la que autoridades federales, incluyendo la Oficina del Representante Comercial (USTR) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), deberán emitir los lineamientos formales para operativizar la sentencia.
Expertos de EY señalan que las empresas y autoridades de Centroamérica deben monitorear este proceso de implementación ordenado para proteger su competitividad y planificación comercial.
Desde abril de 2025, Estados Unidos aplicó tasas arancelarias transversales bajo la IEEPA, afectando incluso a socios con acuerdos de libre comercio vigentes (Centroamérica, República Dominicana y Panamá). Estas medidas provocaron:
- Incrementos en los costos de acceso al mercado.
- Distorsiones en los precios y presiones en las cadenas de suministro.
- Procesos de negociación bilateral y ajustes operativos en el sector exportador.
La resolución del Tribunal Supremo es el resultado de diversas impugnaciones legales que cuestionaron la base jurídica de dichos gravámenes, abriendo ahora una nueva etapa en la política comercial de los Estados Unidos.
