La recién aprobada Ley N°. 1223, Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, ha sido recibida con fuertes críticas por parte de expertos y organizaciones de la sociedad civil, quienes la catalogan como un sofisticado mecanismo de control y vigilancia represiva en el sector de las comunicaciones.
La ley, que según el ente regulador (TELCOR) busca modernizar el marco legal y fomentar la inversión, es vista por analistas como una pieza clave para afianzar el cerco sobre la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos.
Expertos en ciberseguridad han alertado que la nueva normativa abre la puerta para que el Estado pueda exigir a las empresas operadoras la entrega del historial completo de comunicación e internet de cualquier usuario. Esta facultad, justifican los críticos, convierte a la población y, especialmente, a la prensa independiente, en objetivos directos de la represión y la persecución.
El texto legal establece mecanismos que sancionan como infracción grave la negativa a facilitar datos técnicos requeridos por el organismo regulador, lo cual podría forzar a las empresas a colaborar con solicitudes de vigilancia. Además, introduce la posibilidad de levantar el secreto de las comunicaciones por razones amplias como la «seguridad nacional» o la «seguridad pública».
Más allá de la vigilancia, analistas ven en la ley un intento de extender la censura al último reducto de la libertad de expresión: el entorno digital. La normativa podría también afectar directamente a los creadores de contenido digital y youtubers que utilizan las redes para difundir opiniones e imponer el control.
