La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) ha concluido una investigación de la Sección 301, señalando que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua incurre en acciones, políticas y prácticas que imponen una carga y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses.
El informe, publicado el 20 de octubre de 2025, determina que Nicaragua está involucrada en abusos «cada vez más generalizados» de los derechos laborales, los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como en un desmantelamiento sistemático del Estado de Derecho.
Hallazgos clave de la USTR
El informe destaca que las acciones del régimen son irrazonables y contrarias a las normas básicas de equidad, derechos humanos y orden público. Entre los hallazgos se incluyen:
- Abusos Laborales: Represión de la libertad de asociación y negociación colectiva, interferencia en organizaciones de trabajadores, confiscación de activos, despidos y arrestos arbitrarios, y la explotación de trabajadores, incluyendo altos índices de trabajo infantil (el 47% de los niños entre 10 y 14 años trabajan, a menudo en labores peligrosas como la minería de oro).
- Abusos a Derechos Humanos: Trato cruel, degradante e inhumano de prisioneros políticos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y represión de grupos religiosos y la sociedad civil. Se menciona el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) jesuita en 2023, y la expropiación de intereses de propiedad de una de las iglesias evangélicas estadounidenses más grandes en 2024.
- Desmantelamiento del Estado de Derecho: Socavamiento de la independencia de los tribunales, imposición de multas e impuestos arbitrarios y confiscación de propiedades sin recurso legal.
El informe subraya que estas acciones crean un entorno de alto riesgo y competencia desleal para las empresas estadounidenses.
Acciones de Respuesta Propuestas
Tras el hallazgo de que las acciones nicaragüenses son objeto de acción bajo la Sección 301, el Representante de Comercio de EE. UU. (sujeto a la dirección del Presidente) puede proponer medidas de respuesta.
El informe recomienda al Representante de Comercio que considere las siguientes acciones contra Nicaragua:
- Suspender la aplicación de todos los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) a Nicaragua, lo que incluiría concesiones arancelarias y la acumulación de contenido nicaragüense.
- Aplicar aranceles de hasta el 100 por ciento a todas o algunas importaciones nicaragüenses, de forma inmediata o gradual en un período de hasta 12 meses.
Las medidas buscan crear incentivos para que el gobierno de Ortega-Murillo elimine las acciones, políticas y prácticas abusivas señaladas en la investigación. El informe recuerda que más de 700,000 nicaragüenses han emigrado por razones políticas y económicas desde 2018.
