Las salas de redacciones se convierten a menudo en escenarios de violencia soterrada contra las mujeres que hacen periodismo. Quienes, en su ejercicio, se enfrentan a una doble carga: la presión inherente de su trabajo y una serie de desafíos únicos y persistentes, que van desde el acoso en línea y las amenazas físicas, hasta la disparidad salarial y la subrepresentación en roles de liderazgo.
A pesar de los esfuerzos, el más reciente informe del Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) de 2025 confirma que el progreso se ha estancado desde 2010. Las mujeres sólo constituyen el 26% de las personas que aparecen, son escuchadas o son mencionadas en las noticias impresas y televisivas, un aumento de tan solo dos puntos en los últimos 15 años.
Reporteros sin Fronteras, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, ha declarado el peor panorama global para la prensa a nivel mundial y el panorama en Centroamérica no es más alentador para las personas periodistas y comunicadoras. Mientras que Costa Rica aún mantiene un puesto relativamente seguro en el lugar 36, el resto de la región enfrenta un panorama mucho más desafiante. El Salvador y Guatemala se encuentran en los puestos 135 y 138, respectivamente, evidenciando los graves riesgos que enfrentan los periodistas en sus territorios. No obstante, son Honduras y Nicaragua quienes reflejan el mayor peligro, ubicándose en los puestos 142 y 172. Estos datos confirman que ambas naciones se han convertido en los lugares más arriesgados de Centroamérica para quienes se dedican al periodismo.
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, en su Informe Libertad de expresión y periodismo en Centroamérica 2024, advierte sobre el incremento en el acoso y la violencia digital contra las mujeres que ejercen el periodismo. Esta violencia se agrava porque las periodistas y comunicadoras, son agredidas por su trabajo y por su género, recibiendo ataques personales que denigran su físico o sus roles sociales. En El Salvador, por ejemplo, los ataques incluyen la expectación de que sean violadas. También se utilizan fotografías con montajes, como la adición de tatuajes en la cara, para denigrar su físico o vincularlas con pandillas
La autocensura es una de las secuelas directas del amedrentamiento. Aproximadamente el 58.54% de las mujeres encuestadas para el informe de PROLEDI, indicó haber dejado de informar sobre algún tema para salvaguardar su seguridad o la de su familia. Así mismo, el 65.85% de las encuestadas afirmó haber eliminado publicaciones en redes sociales o contenido periodístico por temor a represalias, generando afectaciones emocionales y psicológicas como cuadros de ansiedad, estrés y padecimientos psicoemocionales crónicos.
Emiliana García, gerente general y co – fundadora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), enfatiza que la violencia digital contra las mujeres periodistas está intrínsecamente ligada a su género, más allá de la calidad de su trabajo.
«El linchamiento digital contra periodistas ocurre en toda América Latina y las mujeres son usualmente las que la llevan con respecto al linchamiento digital (…) Entonces la periodista es una histérica, la periodista es una loca, mala con sus hijos. La periodista es una cualquiera, o sea, el acoso va por el hecho de ser mujer más allá de la profesión, contrario a lo que pasa cuando el acoso digital es contra el hombre, porque suele ser por la misma investigación o por su profesión, no por quien es”, aseveró.
El informe de PROLEDI también destaca que los actos de violencia se extienden al entorno familiar, forzando a muchas mujeres al exilio. Al respecto, García subraya que este proceso es mucho más difícil para las mujeres que para sus colegas hombres, sobre todo cuando hay infancias involucradas. “Además, las periodistas exiliadas deben lidiar con una capa adicional de dificultades, pues asumen la responsabilidad de gestionar la salud y educación de sus hijos en un país nuevo. En contraste, sus colegas masculinos no se ven tan condicionados por estas responsabilidades familiares. Enfatiza
El informeLa Mochila Invisible, publicado por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX, 2025) identifica y expone diversos patrones de violencia que enfrentan las mujeres periodistas y comunicadoras centroamericanas antes de su exilio y que, en muchos casos, continúan manifestándose en los países de acogida.
Estos patrones se caracterizan por la intersección entre género, periodismo y migración/exilio, lo que significa que las mujeres no solo sufren la inseguridad general que enfrentan sus colegas hombres, sino que, además, son blanco de una violencia específica y diferenciada, marcada por actitudes profundamente machistas y misóginas.
Entre las formas de agresión más prominentes identificadas en el informe, se citan la violencia digital basada en género y la violencia política. Sin embargo, la violencia estructural es la que golpea de manera más desproporcionada a las periodistas de la región. Esta se evidencia en la discriminación laboral, las persistentes brechas salariales, la desigualdad económica y el menosprecio de las capacidades profesionales, un mecanismo sistemático que subestima y devalúa el trabajo de las mujeres, minando su trayectoria y credibilidad. Adicionalmente, el informe registra que la violencia sexual es utilizada de manera recurrente como un arma de represión y daño. Por otro lado, lejos de ser un escape, la experiencia de migración o exilio se convierte en un continuum de violencia. Las mujeres periodistas salen de un sistema de violencia para entrar inmediatamente en otro, donde los riesgos se amplifican con factores como la xenofobia y la violencia institucional en el país de acogida.
La geografía de las violencias contra mujeres de prensa
México:
“Estamos peor”, reconoce sin ambigüedades Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC). La frase no es una queja aislada: es la conclusión de más de treinta años de trabajo para documentar y enfrentar la violencia de género en el periodismo.
CIMAC (1988) nació para visibilizar a las mujeres en la noticia y dentro de las redacciones, convirtiéndose en la primera organización en México —y en América Latina— en registrar sistemáticamente las agresiones contra mujeres periodistas y comunicadoras.
“Estamos clarísimas de que la ausencia de mujeres dentro de las direcciones editoriales impacta en la forma en que se enfoca la información y en el lugar que ocupamos dentro de la narrativa periodística” explica Lagunes.
En 2024, registraron 200 agresiones contra mujeres periodistas. De ellas, el 78% correspondió a bloqueos informativos, una práctica que se consolidó durante la pandemia de COVID-19 y que consiste en negar acreditaciones, impedir el acceso a conferencias de prensa o negarse a brindar entrevistas.
Por su lado, Mayra Sánchez, responsable del programa Libertad de Expresión y Género en CIMAC, agrega que se trata sólo de negar datos; sino que detrás vienen insultos, amenazas e incluso agresiones físicas “A las mujeres periodistas también se les agrede de manera diferenciada: hostigamiento, intimidaciones con referencias a su rol como madres o esposas, estigmatización de su presencia en coberturas “no tradicionales” y campañas de desprestigio en redes sociales”, puntualiza.
El registro, también se idéntica que el 20% de los ataques en 2024 incluyeron violencia física, y los patrones muestran un incremento constante en los últimos años. “Estamos hablando de un empeoramiento evidente respecto al sexenio anterior”, apunta Sánchez.
Uno de los factores más agresivos, marcan las expertas de CIMAC, ha sido el discurso estigmatizante desde las esferas de poder. Durante las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la prensa crítica fue catalogada como “enemiga”. Esa narrativa permeó en los Estados y en la calle, generando un ambiente de animadversión que golpea con más fuerza a las mujeres.
“Lo que vimos fue un efecto en cascada: si el presidente llama adversarios a las personas periodistas, entonces en las comunidades se les grita, se les insulta, se les agrede”, explica Lagunes. En el caso de las mujeres, la violencia incluye ridiculización pública, ataques a su apariencia y cuestionamientos misóginos que buscan desacreditar su labor.
La promesa vacía de protección
La existencia de un mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, creado en 2012, parecía un avance. Sin embargo, la realidad contradice la norma.
“El mecanismo se ha burocratizado. La principal medida que ofrece es un botón de asistencia que ni siquiera funciona en todo el país porque depende de la señal telefónica”, critica Lagunes. Esto se suma a la deficiencia de coordinación entre autoridades federales y estatales, lo que deja a las periodistas expuestas en situaciones de riesgo inmediato.
El retroceso es tan evidente que incluso personas periodistas bajo protección han sido asesinadas en los últimos años. En febrero de 2025, más de 2,200 personas estaban bajo el mecanismo, de las cuales el 40% eran periodistas y el 30% de ellas mujeres. Sin embargo, la desprotección es la norma. “En ocasiones, las periodistas tienen que litigar para evitar que les retiren medidas de protección”, añade Sánchez.
La impunidad es otro de los retos más prominentes, de acuerdo con los datos de CIMAC, el 98% de los casos de agresiones contra periodistas en México quedan sin justicia.
CIMAC también ha señalado la responsabilidad de las empresas comunicaciones “Muchas veces se desentienden de su deber de generar condiciones de protección. Con salarios precarios y sin apoyo institucional, son las periodistas quienes tienen que poner sus propios recursos para hacer coberturas. Eso las expone aún más”, advierte Lagunes.
Cuando se les pregunta qué cambios son urgentes, las respuestas de Lucía y Mayra coinciden en dos ejes: institucionalidad fuerte y reconocimiento social.
En el primer caso, se trata de garantizar que las leyes y mecanismos de protección funcionen realmente, con coordinación interinstitucional y sanciones efectivas para quienes agreden a periodistas. En el segundo, se trata de reconocer públicamente el valor de las mujeres en el periodismo y frenar los discursos estigmatizantes desde el poder.
“Si hay impunidad, lo que generas es un permiso para que se repitan las agresiones. Es responsabilidad del Estado garantizar justicia (…) Es muy importante reconocer que las mujeres tenemos derecho a este mundo periodístico. No es un favor, es un derecho. hacer periodismo con perspectiva de género es hacer periodismo para la vida.”, sentencia Lagunes.
Guatemala:
La voz de Silvia Trujillo Cordobés no tiembla, aunque habla desde un país donde ejercer el periodismo se ha convertido un campo minado. “En Guatemala no se puede hacer periodismo sin correr riesgos, y si sos mujer, esos riesgos se multiplican”, dice, recordando el 2023, cuando tuvo que salir del país temporalmente tras recibir amenazas directas a raíz de su cobertura sobre corrupción y ataques a la independencia judicial.
Silvia, fundadora de Centro Cívitas y parte de la Red Rompe el Miedo Guatemala, nació en Uruguay, y se formó en Argentina y Guatemala, país que la adoptó y al que dedicó su carrera como socióloga periodista e investigadora.
En los años noventa, las redacciones guatemaltecas empezaban a abrir sus puertas a mujeres, aunque de forma desigual. “Les decían ´patoja, hágame el café´, como si nuestra presencia solo pudiera justificarse en roles de servicio. Había colegas brillantes, pero los puestos de poder estaban reservados a hombres”, narra.
Con la llegada al poder de Jimmy Morales y después de Alejandro Giammattei, el periodismo guatemalteco entró en una nueva fase de criminalización. Las conferencias de prensa se convirtieron en espacios de ataque, y la narrativa oficial empezó a señalar a las personas periodistas como enemigas del Estado.
“Estos discursos de odio se ha trasladado a la calle y ahora hay gritos, señalamientos, insultos. Y en redes sociales es peor porque se activan campañas de desprestigio, con fotos falsas, con amenazas explícitas de violencia sexual (…) A nosotras nos dicen que nos van a violar, que nos van a matar a nuestros hijos, que no somos buenas madres por estar en la calle”, relata Trujillo Cordobés.
Esa carga se multiplica en comunidades rurales, donde cubrir temas de tierra, minería o criminalidad significa enfrentarse a actores armados y a estructuras patriarcales profundamente arraigadas. “A mis compañeras les dicen: vos qué haces aquí, este no es lugar para mujeres. Ese desprecio también es una forma de violencia”, explica.
El Informe sobre la Situación de Periodistas en Guatemala en 2024: Un Año de Penumbras (Feb. 2025) de la Red Rompe el Miedo Guatemala, en la categoría de agresión Violencia Sexual/ Acoso moral,registra 18 ocasiones de agresión contra las mujeres periodistas y comunicadoras guatemaltecas. Sin embargo, esta cifra baja no refleja la realidad, sino el subregistro de denuncias. Esto se debe, principalmente, al miedo a represalias a las que son sometidas.
Los actores estatales siguen figurando como los principales agresores de la prensa, ya sea por procesos de criminalización a través del Ministerio Público u obstaculización desde el poder Ejecutivo. Esta situación se agrava por la falta de apoyo interno “Sin protocolos internos en los medios, la mayoría de esos casos quedan silenciados”, asevera Trujillo Cordobés.
La falta de institucionalidad es otro factor que agrava seriamente la situación de los periodistas. Guatemala carece de un mecanismo específico de protección para la prensa, mientras que las fiscalías especializadas en derechos humanos han sido desmanteladas o cooptadas políticamente.
Esta precariedad institucional se refleja en la experiencia de las víctimas. «Cuando vas a denunciar, lo que encuentras es indiferencia o incluso hostilidad», denuncia la periodista. Los funcionarios suelen cuestionar el trabajo de la víctima «te preguntan por qué escribes lo que escribes, como si la culpa fuera tuya» y, peor aún, «muchas veces filtran la información de la denuncia a los mismos agresores».
El resultado es un círculo vicioso de impunidad: más del 95% de las agresiones contra periodistas no se investigan. Eso alimenta el mensaje de que atacar a la prensa no tiene consecuencias.
El resultado directo de todo esto es un círculo vicioso de impunidad. Más del 95% de las agresiones contra periodistas no se investigan. Esta estadística envía un mensaje claro a los agresores: «atacar a la prensa no tiene consecuencias»,asegura.
Trujillo Cordobés asegura que en Guatemala está instalado un entorno torturante en la vivencia de la prensa y los derechos humanos, sostenido por el alto nivel de impunidad, la criminalización de la prensa y la cooptación de instituciones centrales para la aplicación de la justicia. “El Estado tiene una deuda histórica, pues no existe una política ni un mecanismo de protección para periodistas (…) es el Estado el que tiene que garantizar los derechos y ha costado mucho que reconozca eso», enfatiza. Además, sugiere que, sólo cuando se logre recuperar la institucionalidad, se podrá hablar de protocolos y de cómo formar a la institucionalidad pública para que entienda la vinculación entre enfoque de género y libertad de expresión.
El exilio y la amenaza del silencio
En 2023, Silvia vivió en carne propia lo que tantas veces había documentado en sus investigaciones. Las amenazas contra ella se hicieron más directas “No lo planeé, tuve que salir del país con lo puesto. No había opción. Era eso o arriesgarme a un ataque inminente”, recuerda.
El exilio, aunque temporal, la enfrentó a la vulnerabilidad de saberse desarraigada. “Fue muy duro estar lejos, pero también confirmé algo: las redes de apoyo feministas e internacionales son las que te sostienen en esos momentos”.
Hoy, de regreso en Guatemala, vive con un plan de seguridad permanente: cambios de ruta, comunicación constante con colegas, protocolos internos. “No es vida normal, pero es la única manera de seguir trabajando. Y aunque suene contradictorio, esa precariedad es también mi motivación: si nos callan, ganan ellos”.
La idea de que contar es la única manera de existir está implícita en la lucha constante contra el objetivo principal de los agresores. “La violencia contra las mujeres periodistas lo que pretende sí es silenciarlas”, puntualiza Trujillo Cordobés
Nicaragua
Mestizano habla en abstracto; habla desde un cuerpo atravesado por la persecución, por el exilio y por la urgencia de seguir informando.
Su historia es también la de cientos de periodistas nicaragüenses que desde 2018 enfrentan censura, persecución y cárcel. Pero en su caso, como en el de muchas colegas, ser mujer suma una capa de dificultad: la doble o triple jornada, la amenaza sexualizada, la discriminación en el acceso a financiamiento, la exclusión en las salas de redacción.
Cuando Mestiza comenzó en el periodismo, Nicaragua vivía una relativa apertura democrática. El oficio tenía riesgos, pero no la amenaza sistemática que caracteriza al país en la actualidad. “Uno de los primeros sectores al que la dictadura puso el foco fue al periodismo”, recuerda. Cierres de medios, censura, persecución, exilio forzado. El cálculo era claro: “O ibas a la cárcel o te callabas”.
Ella eligió el camino más difícil: seguir informando. Primero desde la clandestinidad y luego desde el exilio, como lo han hecho al menos 283 periodistas, según el informe anual (2024) “La Libertad de Prensa en Nicaragua: Un Lamento Silenciado en 2024” de la Fundación por Libertad de Expresión y la Democracia.
La colega y la triple carga de la diferenciación
Si la persecución fue general contra la prensa, las mujeres periodistas y comunicadoras han enfrentado desafíos adicionales. “Muchas colegas tienen hijos y hay que sortear esa doble tarea que nos ha dado esta sociedad: estar pendiente de la casa y a la vez mantener la profesión (…) Con el exilio, esa carga se triplicó: trabajo, militancia informativa y maternidad. Algunas colegas se han visto en la obligación de abandonar el periodismo para buscar empleos que garantizaran la supervivencia de sus familias”, explica.
Para Mestiza, llegar al exilio significó empezar de nuevo. “En el exilio nadie me conocía, no sabían cuál era mi historial profesional” y aunque detalla que fue igual en el caso de hombres periodistas y comunicadores, si topó con la complejidad de la sostenibilidad, “Es mucho más difícil encontrar financiamiento para medios dirigidos por mujeres. Hay preferencia por los medios grandes y mixtos. Entonces ves que medios liderados por mujeres trabajan con recursos mínimos, pese a que han hecho un aporte valioso con su mirada distinta”.
Otro aspecto que Mestiza denuncia es la desigual distribución de los espacios de voz. “La estructura de poder en los medios tradicionales ha mantenido esa hegemonía masculina: mujeres reportean, investigan y producen, pero los puestos de dirección y las voces visibles suelen estar ocupados por hombres”, señala.
Aunque reconoce que medios alternativos y nativos digitales han empezado a romper con esa lógica, todavía persisten brechas profundas. “Antes vos llegabas a una redacción y había una gran cantidad de mujeres. Pero cuando mirabas los cargos de dirección, estaban en manos de hombres. Eso no ha cambiado mucho”.
Frente a esa desigualdad, Mestiza y sus colegas han buscado transformar sus prácticas. En el medio para el que colabora, incorporaron una política de género que obliga a diversificar las fuentes, evitar estereotipos y garantizar un análisis completo de los temas.
“Si sube la canasta básica, tenemos que preguntar qué piensan los hombres y qué piensan las mujeres, cómo le interpela particularmente a cada grupo. También cuidamos de no revictimizar, de no reproducir estigmas, de incluir voces de adolescentes, mujeres y hombres. Esa política de género nos ayuda a no explicar el mundo solo desde lo que piensan los hombres”, detalla.
En contextos de dictadura, las amenazas son para todos y todas, pero no del mismo tipo. “A nosotras nos amenazan con violarnos, con difamarnos por nuestros cuerpos, por cómo nos vemos. Tratan de denigrarnos con nuestras opciones sexuales. Eso no les pasa a los hombres”, enfatiza.
Entre los ataques que menciona Mestiza, se encuentran las campañas de difamación que apuntan a la vida privada, el cuestionamiento de la maternidad, la difusión de rumores sobre relaciones personales, y la utilización del cuerpo de las periodistas como arma de descrédito. Ese tipo de violencia no solo busca silenciar, sino destruir la credibilidad pública y la estabilidad emocional de las periodistas. Y es ahí donde las diferencias de género se vuelven más claras y crueles.
Honduras:
El sol apenas se levanta sobre Honduras y el bullicio del transporte público llena las calles. Lourdes Ramírez, fundadora del medio digital En Altavoz, recuerda ese mismo sonido desde su adolescencia, cuando tomaba el bus del Instituto Central a las seis de la mañana y miraba por la ventana escenas que la marcarían para siempre: casitas de madera improvisadas, techos de plástico sujetados por piedras, niñeces semidesnudas, descalzas, con la piel cubierta de polvo. A los 13 años, esas imágenes le parecieron intolerables. “Yo me imaginé que a través del periodismo se podía ayudar a los niños. Se podía ayudar a la gente a salir de la pobreza” dijo con la voz cargada de convicción.
En 1985 inició sus estudios y en 1993 obtuvo su título. La radio fue su primer escenario, aunque breve. El horario nocturno y las dificultades de movilidad hicieron que pronto abandonara ese espacio. Después llegó la televisión, y con ella, las primeras heridas.
“En mi primer trabajo el jefe me acosaba. El chofer me advirtió un día que él (jefe) quería llevarme a un hotel en una gira». Y cuando llegó el momento, yo le dije: «Me atengo a las consecuencias, pero no me voy a ir con usted», recuerda. El costo del «no» fue alto: le retiraron asignaciones, la relegaron y finalmente buscaron excusas para sacarla del canal.
La escena se repetiría más de una vez: hostigamiento, represalias y la sensación de que, para muchas empresas de comunicación, las mujeres periodistas eran prescindibles si no cedían a presiones abusivas.
En 2009 aceptó formar parte de La noticia con rostro de mujer, un programa independiente que buscaba dar protagonismo a las voces femeninas. “No teníamos ingreso, pero queríamos hacer periodismo”, explica. El golpe de Estado de ese mismo año les golpeó de lleno y el programa fue censurado porque se negaban a repetir el relato oficial.
Aun así, Ramírez persistió. Pasó por distintos noticieros, dirigió espacios informativos y entrevistó a protagonistas de la vida política y social del país.
Ni en las salas, ni en las calles ¡Me quieren sin patria!
El relato de Ramírez no es aislado; refleja las dificultades específicas que enfrentan las mujeres periodistas en Honduras. La desigualdad salarial, la discriminación en la asignación de coberturas y el acoso, tanto de colegas como de fuentes, han sido constantes.
“Cuando yo empecé, me acosaban mis colegas, los jefes, las fuentes también. Y todavía en 2014 miraba cómo acosaban a periodistas jóvenes. Ellas me decían: ‘Mirá, ya no aguanto, ¿qué hago?’. Yo intervenía y me insultaban. Decían: ‘¿Por qué te metés en lo que no te importa, si no es con vos?’. Pero yo siempre las vi como mis estudiantes. Bien protectora, como la mamá gallina”, cuenta.
Ramírez identifica patrones de discriminación que van más allá del acoso sexual como los prejuicios que cuestionan la credibilidad de las periodistas, estereotipos que las tachan de “débiles» o “fáciles”, y una violencia digital que no enfrentan de igual forma sus colegas hombres. “A los hombres no les mandan mensajes diciéndoles que los van a violar. A nosotras sí. Nos dicen: ‘Calladita te ves más bonita”, enfatiza.
Su compromiso con un periodismo crítico y equilibrado le ganó reconocimiento, pero también le trajo persecución. En más de una ocasión, las presiones se volvieron amenazas directas, obligándola a optar por el autoexilio.
“Yo me he autoexiliado dos veces: en 2014 y en 2020. Nunca he querido estar fuera de mi país, nunca. Las veces que salí fue por meses nada más, con mis propios recursos”, narra. Cada partida significó dejar atrás a su familia, enfrentar la incertidumbre de la migración forzada y cargar con la nostalgia de saberse lejos de su tierra “Yo en mi cuerpo llevo el exilio. Estar fuera es durísimo, podés tener todo, pero no estás en tu tierra, no estás con tu familia. Es como vivir en una película que no es tu vida”, confiesa.
Cuando se le pregunta por el futuro del periodismo en Honduras, Ramírez. Reconoce que la violencia política y la censura siguen siendo amenazas latentes, pero cree en el poder transformador de las nuevas generaciones. “Las jóvenes periodistas tienen que mapear riesgos, enfocarse en qué tipo de periodismo quieren hacer. Si quieren trabajar en medios corporativos, deben saber que responden a intereses empresariales. Si quieren independencia, tienen que buscarlo en medios alternativos o como freelance, pero siempre con círculos de confianza. Y, sobre todo, protegerse”, aconseja.
A pesar de las adversidades, Ramírez mantiene la fe en que el periodismo puede abrir caminos de justicia y equidad. “Yo sigo creyendo en el periodismo. Creo que sí se puede ayudar a la gente a salir de la pobreza, a denunciar la corrupción, a dar voz a quienes no la tienen. Ese fue mi sueño desde los 13 años, y sigue siendo mi motor”, concluye.
El Salvador
Cuando Evadecidió que el periodismo sería su oficio no imaginaba que, dos décadas después, estaría hablando de estadísticas que muestran cómo la violencia contra la prensa en El Salvador creció un 154% en apenas un año. Mucho menos pensó que ella misma se convertiría en testigo directo de la misoginia que marca a fuego la experiencia de ser periodista mujer en su país. “Es como si empezáramos veinte pasos atrás la carrera profesional, solo por el hecho de ser mujeres”.
Su historia en el oficio comenzó en 2004, cuando aún predominaban las redacciones llenas de papeles, llamadas a teléfonos de disco y jerarquías verticales. “La primera parte de mi carrera estuve mucho en prensa y luego he trabajado en los últimos años en medios digitales e independientes”, recuerda.
En esos inicios, encontró referentes femeninos que ocupaban jefaturas en periódicos tradicionales. Sin embargo, pronto descubrió que ese aparente liderazgo no siempre se traducía en verdadero poder de decisión. “Había mujeres dirigiendo secciones, pero cuando uno miraba de cerca, la última palabra seguía teniéndola un hombre”.
El relato de Evase enmarca en un país donde el periodismo carga variadas cicatrices; la violencia histórica de las pandillas, la represión estatal y un contexto de sombra creciente. “El año 2024 fue particularmente desafiante para la prensa salvadoreña en general”, apunta, citando el informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), de la que forma parte. Pero si bien las agresiones son compartidas entre colegas de todos los géneros, las mujeres sufren un tipo de violencia más personalizada. “Los insultos que recibimos siempre son misóginos, sexistas, van dirigidos a la apariencia física, a desacreditarte como mujer. Y eso lo hemos documentado claramente en los informes”, subraya.
Una encuesta elaborada por APES reveló que más del 90% de las periodistas salvadoreñas encuestadas admitieron cargar con la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados en sus hogares, además de su labor profesional. Esa doble jornada, sumada a las agresiones específicas por género y a la desigualdad salarial, se convierte en una montaña cuesta arriba que hace del ejercicio periodístico una carrera de resistencia.
“Nos cuesta más ejercer porque además de todo lo que enfrentamos en el terreno laboral, seguimos sosteniendo las tareas del hogar. Eso no lo enfrentan nuestros colegas hombres en la misma medida”, explica.
La voz, el cuerpo y la denuncia ¿En régimen de excepción?
Eva relata que hace un tiempo, una fotografía suya, tomada durante una cobertura, fue manipulada en redes sociales para deslegitimar su trabajo, ridiculizarla y desviar la atención del tema que estaba investigando. “Ese tipo de ataques son muy comunes en el país. Por eso muchas veces optamos por mantener bajo perfil en redessociales. No es lo ideal, pero es una forma de protegernos”.
Eva detalla, que, en El Salvador, otras colegas han vivido violencias más directas como agresiones físicas durante coberturas, retenciones arbitrarias por parte de militares o policías, e incluso allanamientos violentos, como el que vivió la periodista Mónica Rodríguez en diciembre de 2024, cuando su vivienda fue invadida y su equipo de trabajo confiscado.
La gravedad de estos hechos choca con la indiferencia institucional. “La mayor parte de agresiones provienen de funcionarios públicos, no de pandillas como antes. Y aun cuando se denuncian, no hay respuesta. No hemos recibido respaldo de la Fiscalía ni de la Procuraduría de Derechos Humanos”, puntualiza.
Uno de los datos más alarmantes que Eva comparte es que, como resultado de una encuesta realizada por APES tomando como referencia un estudio previo realizado por la Procuraduría de Derechos Humanos en 2018 y aplicada a un grupo reducido de mujeres y comunicadoras periodistas, el 92% han sufrido acoso sexual de parte de alguna fuente, y el 70% de esos casos provino de funcionarios públicos.
Estos datos, aunque no representativos, forman parte de un primer esfuerzo que se hizo en analizar el contexto de mujeres periodistas por primera vez en el tema dentro del informe de libertad de prensa realizado por APES. A pesar de esto, el dato es brutalmente duro, no solo por la magnitud, sino porque la mayoría de esas situaciones nunca llegan a denunciarse.
Eva, considera que las razones de la falta de denuncia incluyen que la falta de políticas de género al interior de los medios y que las mujeres no se sienten respaldada por el medio de comunicación. “En los casos raros en que se intentó denunciar, el medio no tomó ningún tipo de medida o de sanción respecto al acosador», advierte.
Además, Eva también añade que más del 80% de las encuestadas recibió acoso sexual dentro de sus medios de comunicación, pero muchos de estos casos tampoco se denuncian.
Por eso insiste en la necesidad de políticas internas en los medios de comunicación; protocolos claros de denuncia, transparencia salarial y estructuras que garanticen la equidad. “Se necesita construir institucionalidad, tanto pública como interna, para garantizar que haya procesos de atención a la desigualdad. Y también que los medios sean transparentes con los salarios, porque muchas veces las colegas se dan cuenta de que ganan menos solo por comentarios, no porque haya claridad”, enfatiza.
Costa Rica:
Yanancy Noguera, actual presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER) y directora del proyecto periodístico Punto y Aparte, habla con la calma de quien ha aprendido que la denuncia sostenida es más fuerte que el ruido de los ataques anónimos. “Las mujeres periodistas que son muy activas en sus redes sociales experimentan más agresiones. Se nos ataca no solo por ser mujeres, sino por ser mujeres de prensa”, explica.
Su diagnóstico no es solo personal, sino colectivo; dibuja el mapa de una violencia cotidiana que carcome la libertad de expresión en Costa Rica y en Centroamérica. Un fenómeno que obliga a periodistas a silenciar sus propias voces, a bloquear usuarios de manera casi ritual, a vivir bajo la sombra de la estigmatización.
En Costa Rica, la violencia contra las mujeres periodistas se manifiesta de múltiples formas que van desde insultos que niegan su derecho a trabajar, comentarios que las vinculan a partidos políticos para deslegitimarlas, acusaciones de comunistas o progresistas, y una plétora de etiquetas repletas de odio.
“Son comentarios estigmatizantes. Y lo injusto es que muchas colegas han tenido que silenciarse en sus propios espacios personales”, señala Noguera. Esa violencia, dice, no responde a una zona geográfica específica, sino al nivel de exposición que cada periodista tiene en los espacios digitales. Cuanto más visibles, más vulnerables.
Noguera, continúa narrando que, en las oficinas de prensa estatales, las agresiones toman otra forma, ya que no llegan a través detrolls en Twitter o perfiles falsos de Facebook, sino desde adentro. “Cuando hay una percepción de rebeldía frente a definiciones que vienen de superiores políticos, las agresiones internas se intensifican,allí pesan las dinámicas de poder, las jerarquías políticas y el machismo institucional», refiere.
Colorín colorado ¿El jaguar se ha callado?
Ante estos crecientes patrones de agresión hacia las mujeres periodistas y comunicadoras, el Estado ha permanecido en silencio e inoperante, a pesar de las múltiples solicitudes de COLPER para tomar acciones alrededor del conflicto.
“Hay una parte fundamental que debería asumir el Estado; alfabetizar a la ciudadanía sobre el uso de los espacios digitales. Pero además se necesita crear una cultura interna en las instituciones públicas para que quede claro que las agresiones no pueden permitirse”, sostiene “El fenómeno ni siquiera ha sido reconocido formalmente por el gobierno. No se ha hecho ninguna acción. Y, además, todo esto se cruza con el fenómeno más amplio de la desinformación, frente al cual tampoco se ha actuado”,lamenta.
Además, asegura que, como empleadores, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de proteger a sus periodistas. Pero esa protección no puede convertirse en excusa para invisibilizarlas. “Algunas veces se ha planteado que para proteger a las colegas no aparezcan en videos o no se les dé rostro en los contenidos. Pero eso es revictimizarlas, como si la culpa fuera de ellas por ser mujeres periodistas”, reflexiona Noguera.
Las audiencias actuales demandan cada vez más contenidos audiovisuales y cercanía con quienes reportan. Excluir a las mujeres por razones de seguridad sería una forma de censura. Incluirlas sin medidas de protección adecuadas, una forma de exposición riesgosa.
Pese a que aún no alcanzan representatividad, los informes elaborados por COLPER en conjunto con la Universidad de Costa Rica vislumbran un escenario inquietante. En 2023 y 2024, encuestaron a 120 mujeres comunicadoras. Una cuarta parte de ellas reportó haber sufrido violencia digital relacionada con su trabajo. Un dato que revela no sólo la extensión del fenómeno, sino también su continuidad en el tiempo.
Noguera observa más allá de Costa Rica y reconoce que la violencia contra las mujeres periodistas en Centroamérica adquiere dimensiones aún más crudas. “En la región, muchas colegas han tenido que exiliarse. Dejan atrás su hogar, a veces hasta a sus hijos, para poder seguir haciendo periodismo desde un lugar más seguro”, relata. “Y lo más grave es que, cuando la prensa se debilita, se debilita toda la democracia”, advierte.
La defensa de la libertad de prensa remarca Noguera, no puede quedar solo en manos de periodistas y organizaciones profesionales. Es una tarea colectiva y ciudadana “El derecho a la libertad de prensa no es solo un derecho de quienes ejercemos el periodismo y la comunicación. Es un derecho humano que nos cubre a todas las personas. Cuando una sociedad permite que la prensa sea frágil, se está disparando en el pie”.
Tejedora de voces y resiliencia femenina por la libertad de prensa
En un continente atravesado por la violencia, el exilio y la precariedad, las mujeres periodistas y comunicadoras, han encontrado en la comunidad una forma de resistencia. Frente a la persecución, han tejido redes, se han reinventado y han aprendido a cuidarse unas a otras. Su lucha no es solo por sobrevivir, sino también por seguir contando las historias que el poder quiere silenciar.
En México, la experiencia de CIMAC muestra cómo el feminismo se convirtió en un refugio. Desde 2002 registran cada caso de violencia contra periodistas y acompañan de manera integral a las agredidas. El apoyo incluye asesoría jurídica, atención psicológica y respaldo social, pero sobre todo la construcción de redes. “No se trata solo de documentar cifras. Lo que nos importa es cómo impacta la violencia en los cuerpos, en las vidas y en el trabajo periodístico de las mujeres”, explica Sánchez. Esa mirada ha permitió mostrar que los ataques no son aislados, sino parte de una violencia estructural donde convergen agentes del Estado y actores criminales.
En Guatemala, el aislamiento fue respondido con organización. Redes como Rompe el Miedo Guatemala y No Nos Callarán se convirtieron en escudos colectivos que activan alertas, acompañan coberturas y replican trabajos amenazados. “Lo más valioso es saber que no estás sola. Cuando te atacan en redes, hay colegas que replican tu trabajo para que no lo borren. Cuando tienes que cubrir una marcha peligrosa, alguien más te acompaña. Esa solidaridad es nuestra verdadera coraza”, remarca Trujillo Cordobés.
En el exilio, la reinvención ha sido vital. Mestiza, recuerda: “Cuando vine a Costa Rica no tenía una red de apoyo. Acercarme a colegas que ya estaban exiliadas me ayudó mucho. Ahora participo en un espacio llamado La Sala: mujeres en la redacción. Allí hablamos de cómo hacer que el trabajo de las periodistas se visibilice y tenga más peso”.
Un espacio que, en palabras de Mestiza, funciona como un laboratorio de ideas donde discuten financiamiento, machismo en los medios y estrategias de cambio. “Si no lo hacemos nosotras, si no empezamos nosotras a poner esa mirada crítica, nadie lo va a hacer por nosotras”, dice con convicción.
Otras han optado por crear sus propios medios, como Ramírez, en Honduras, que tras su batalla contra la censura fundó En Altavoz. “Ya cumple ocho años. Me ha permitido seguir ejerciendo el periodismo, generar empleo, apoyar a colegas. Creo que el periodismo independiente es el camino”, afirma. Su historia encarna la resistencia de quienes, pese al peligro, se niegan a dejar de contar lo que ocurre en sus países.
Pero la reinvención no siempre se da en las redacciones. Muchas deben sostener una triple jornada: cuidar hijos, asumir trabajos de subsistencia, desde empacar en fábricas hasta vender pasteles y, en sus ratos libres, continuar escribiendo.
En otros casos, las medidas incluyen mantener bajo perfil en redes sociales, usar el anonimato o incluso cambiar de temática, bajando la intensidad de sus investigaciones para poder seguir ejerciendo.
El autocuidado también entra en juego: bloquear cuentas agresoras, elaborar manuales para otros colegas, e incluso asumir que la autocensura puede ser, en algunos contextos, un mecanismo de supervivencia.
En El Salvador, Eva insiste en la necesidad de abrir espacios en las salas de redacción: “Somos más mujeres periodistas en El Salvador, pero seguimos peleando porque se nos escuche y porque tengamos poder de decisión”. Mientras tanto, colectivos feministas y medios independientes como La Brújula o Anaraca han creado espacios de crítica y denuncia, articulando la voz de las mujeres en un país donde la justicia estatal sigue siendo esquiva.
Organizaciones como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) han impulsado Clínicas de Primeros Auxilios Jurídicos, asesorando en revisiones legales y medidas cautelares, un recurso vital para quienes publican investigaciones de alto riesgo.
La violencia deja cicatrices invisibles: ansiedad, depresión, insomnio, somatización del estrés. Por eso, muchas periodistas han puesto el autocuidado y la salud mental en el centro de su resistencia.
“Proteger la salud mental e integral de las periodistas es un trabajo fundamental que debemos asumir como organizaciones”, señala Noguera en Costa Rica, donde las redes de apoyo también han creado espacios de contención emocional.
Las periodistas recurren a terapias, fe, caminatas o actividades artísticas para recuperar la calma. Algunas han encontrado resiliencia en ayudar a otros migrantes, transformando el dolor propio en un puente de solidaridad.
En todos los países, las mujeres periodistas repiten una misma idea: “Sola no podés. Tenés que tener una red”. Las redes son escudos, los medios independientes refugios, y el autocuidado una herramienta de supervivencia.
En México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica, las voces se entrelazan en un mismo relato: el periodismo con visión de género no se limita a denunciar violencias, sino que crea comunidad en medio del riesgo.
Al final, como sintetiza una periodista guatemalteca, la resistencia tiene rostro colectivo: “Nuestra verdadera coraza es saber que no estamos solas”.
Riesgo, periodismo y mujer
En cada frontera desde México y Centroamérica, las voces de las mujeres periodistas se encuentran con un muro distinto, pero levantado con los mismos ladrillos de impunidad y misoginia. En México, el eco de las cifras, un 98% de agresiones sin justicia, resuena como un recordatorio de que un mecanismo de protección puede ser tan frágil como el papel en el que está escrito. En Guatemala, el silencio oficial convierte las denuncias en un callejón sin salida, y las reporteras aprenden que su única red de seguridad es la que tejen entre ellas mismas.
En Nicaragua, las salas de redacción se vaciaron para llenar aeropuertos. El exilio se volvió rutina y también condena. Cruzar las fronteras no bastó; la discriminación siguió viajando con ellas en forma de trabas para acceder a financiamiento y espacios de decisión. En Honduras, las amenazas llegan firmadas con el estigma de género; cuerpos convertidos en blanco, voces reducidas a chismes y reputaciones quebradas como método de censura.
El Salvador multiplica esa violencia con el sello del Estado. Allí, el 92% de las periodistas confiesan haber sido acosadas, y aun así, dentro de las redacciones, los protocolos brillan por su ausencia. Como si la misoginia fuera un uniforme compartido entre funcionarios y colegas. Costa Rica, mientras tanto, guarda un disfraz más sutil: la agresión se refugia en pantallas y oficinas públicas, sin reconocer que lo que se vive ya es violencia. Un país democrático que prefiere mirar a otro lado mientras el hostigamiento se normaliza.
El mapa, visto desde arriba, parece un archipiélago de realidades distintas. Pero de cerca, todas las islas comparten la misma marea; el peso de estructuras patriarcales que se filtran en la política, en los medios y en la calle. Las amenazas digitalizadas, las burlas sexualizadas, el acoso laboral y la exclusión de los espacios de decisión dibujan un mismo patrón: la violencia contra las mujeres periodistas no es un accidente, es un sistema.
Que el periodismo femenino hable, el Estado proteja y la democracia crezca
La situación que enfrentan las mujeres periodistas y comunicadoras en México y Centroamérica representa una crisis fundamental para la democracia de la región. El periodismo en general está bajo ataque, pero el peligro es aún mayor para las mujeres, quienes soportan una violencia específica de género, sistemática y diferenciada.
La violencia ejercida contra las mujeres periodistas y comunicadoras, ya sea a través de bloqueos informativos, persecución judicial, amenazas sexuales, o la carga desproporcionada de la maternidad en el exilio, no es un fenómeno aislado; es un patrón consistente de agresión por parte de actores estatales y grupos afines al poder que buscan limitar la crítica.
Ante la gravedad de esta situación, y reconociendo la resiliencia que las periodistas y comunicadoras demuestran al construir redes de apoyo y seguir ejerciendo su profesión, es imperativo un llamado urgente a la acción dirigido a todos los actores sociales para que se cese la persecución y se invierta energía y voluntad en el diseño de protocolos y mecanismos de protección y sanción integral que valore todos los roles en los que las mujeres se desempeñan: madres, ciudadanas y periodistas. Para que se garanticen espacios de trabajos dignos, libres de todo tipo de violencia y equilibrados, así como espacios de articulación donde se promueva la colectividad honesta y respetuosa.
Este trabajo fue realizado durante el programa de fortalecimiento al periodismo de Asociación Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (IPEN) elaborado por Elison Altamirano. En colaboración con Madeleyni Hernández y Alexander Null.
