El informe de derechos humanos de Nicaragua de 2024, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, detalla un empeoramiento de la situación de los derechos humanos en el país, con el gobierno intensificando los ataques a las libertades civiles y religiosas. El informe señala que el gobierno no tomó medidas creíbles para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos.
Libertad de Expresión y Prensa bajo Ataque
La libertad de prensa en Nicaragua se vio gravemente restringida, a pesar de que la ley la contempla. El informe destaca que el gobierno no respetó este derecho y utilizó represalias y leyes para silenciar a quienes criticaban al partido gobernante. Periodistas sufrieron violencia, acoso, ciberataques y amenazas de muerte por parte del gobierno, la policía y grupos parapoliciales.
El gobierno ha forzado a periodistas y dueños de medios al exilio, retirándoles la nacionalidad o impidiéndoles salir o regresar al país. Según un informe del Grupo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, 10 periodistas se vieron obligados a exiliarse en el último año, sumando un total de 276 desde 2018. El mismo informe indica que no se produce prensa independiente en más de la mitad del país.
Se documentaron actos de censura por parte del gobierno y sus aliados, incluyendo la incautación de equipos, el bloqueo de transmisiones y la cancelación de licencias de medios. El gobierno continúa ocupando las oficinas de medios de comunicación como La Prensa, Confidencial y 100% Noticias. El informe también menciona que el gobierno utilizó «granjas de trolls» para atacar a sitios web de medios independientes y que una ley sobre ciberdelitos de septiembre prohibía la difusión de información que pudiera causar «ansiedad» en el público.
Restricciones a la Libertad Religiosa
El informe también destaca una violación de la libertad religiosa por parte del gobierno, con acoso y detenciones de feligreses y líderes religiosos. Las expresiones favorables a la religión católica fueron «severamente atacadas». El informe indica que en marzo, la Policía Nacional y grupos parapoliciales detuvieron a laicos católicos que participaban en eventos de Semana Santa, a menudo por expresar públicamente el deseo de la liberación del Monseñor Rolando Álvarez.
Se registraron detenciones y exilios de sacerdotes sin una acusación formal o proceso legal. Un caso notable es el de Nohelia González, exeditora de un periódico y colaboradora de un canal de televisión católico, que fue expulsada del país sin un proceso legal. Además, el gobierno canceló la licencia de operación de Radio María, una estación de radio con cobertura nacional vinculada a la Iglesia Católica.
Participación de la Policía y el Ejército en la Represión
El informe detalla que el gobierno y sus fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y grupos parapoliciales, actuaron en conjunto para reprimir a opositores y disidentes. La policía y los parapoliciales, descritos como «unidades no uniformadas, armadas y enmascaradas», llevaron a cabo campañas de acoso, intimidación y violencia contra opositores, ex prisioneros políticos y sus familias, activistas, defensores de derechos humanos y líderes religiosos. El gobierno no investigó ni procesó estas acciones.
El informe también señala que la policía y los parapoliciales sometieron a vigilancia, acoso, encarcelamiento y abuso a quienes criticaban al gobierno y al partido gobernante. Se reportaron desapariciones forzadas, con la Policía Nacional y las autoridades penitenciarias deteniendo a opositores políticos sin informar a sus familiares o abogados sobre su paradero. Además, se afirma que la policía y los parapoliciales detuvieron rutinariamente a personas consideradas oposición por períodos prolongados, superando los límites legales de 48 horas sin cumplir con los requisitos para una extensión.
