La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó una reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua que establece la creación de la Procuraduría General de Justicia, eliminando la figura de la Procuraduría General de la República. La iniciativa, promovida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobada en primera legislatura y busca, según las autoridades, combatir la corrupción en el país.
Según declaraciones de la copresidenta Rosario Murillo, esta nueva entidad tiene como objetivo «perseguir y enjuiciar a las personas que cometen corrupción». La ley que acompaña esta reforma, denominada «Ley Todos contra la Corrupción», se presenta como una herramienta para salvaguardar los intereses del Estado nicaragüense.
La medida ha generado debate en diversos sectores. Mientras el gobierno argumenta que es una iniciativa para fortalecer la transparencia, críticos señalan que la nueva Procuraduría podría convertirse en un instrumento de represión política, diseñado a la medida de la administración Ortega-Murillo para perseguir a opositores y disidentes. La aprobación de esta reforma se da en un contexto de constantes señalamientos sobre la falta de independencia de los poderes del Estado en el país.
