La Procuraduría General de la República informó sobre la apertura de un proceso investigativo relacionado con transacciones efectuadas desde las oficinas de Bayardo Arce Castaño, las cuales —según esa institución— no se ajustan a lo establecido en el marco legal vigente de Nicaragua.
Durante las diligencias iniciales, el organismo citó a Ricardo Bonilla, asistente de Arce, para rendir cuentas sobre su participación en dichas operaciones. Ante la negativa del convocado de atender el requerimiento, fue remitido al Sistema Penitenciario Nacional, donde continúa siendo interrogado por las autoridades correspondientes.
La Procuraduría procedió también a notificar al propio Bayardo Arce Castaño en su calidad de propietario de los bienes en cuestión, instruyéndole sobre su obligación de presentar documentación y responder formalmente las preguntas emitidas como parte de la indagación patrimonial. Arce se limitó a afirmar que los bienes le pertenecen y que no consideraba necesario colaborar con la investigación.
Ante esta respuesta, el organismo reiteró la convocatoria e insistió en la entrega de documentación respaldatoria. Hasta el momento, Arce no ha comparecido ante las autoridades, lo que, según la institución, constituye un desconocimiento de las facultades constitucionales del Estado.
