En su sexta entrega, la investigación «Nicaragua: Una Iglesia Perseguida», de la abogada católica Martha Patricia Molina Montenegro, revela que un total de 99 religiosas católicas se encuentran en el exilio debido a la persecución de la Iglesia en el país. Estos datos se actualizan teniendo en cuenta las últimas denuncias recibidas por la abogada que no fueron incluidas, ya que se registraron este mes, pero se presentarán en la siguiente edición.
El 11 de diciembre se dio a conocer el caso de la religiosa Azucena Bracamonte Valle, una hermana misionera de 57 años originaria de Río Blanco. La religiosa viajaba de Roma, Italia, hacia Nicaragua, con una escala en México, donde le prohibieron abordar el avión. La razón proporcionada fue “por órdenes de las autoridades migratorias nicaragüenses” debido a una acusación de “traición a la Patria”.
El estudio recopila datos desde 2018 hasta diciembre de 2024. En 2023, la iglesia sufrió el mayor número de agresiones registradas, con un total de 321. Sin embargo, en el último año se registraron 177 hostilidades.
De los 266 religiosos/as que no pudieron permanecer en Nicaragua: 51 hombres fueron desterrados. 10 hombres y 86 mujeres fueron expulsados/as. A 35 hombres y 13 mujeres se les prohibió el ingreso al territorio nacional. 71 se vieron obligados a exiliarse porque su vida corría peligro en el país, ya que policías, paramilitares, miembros del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) y alcaldes los asediaban y amenazaban con cárcel o muerte.
Según la investigación 11,763 procesiones y actividades religiosas han sido prohibidas por la “Policía Sandinista” desde el año 2019 a diciembre de 2024.
Para Molina, estos datos son aproximados y no incluyen la totalidad de agresiones a la Iglesia Católica, debido a que existe «miedo» por parte de las autoridades eclesiásticas y laicos, quienes prefieren mantenerse en silencio para evitar convertirse en víctimas del gobierno.
La Arquidiócesis de Managua es la que más ataques ha recibido, con un total de 301 agresiones, seguida de las diócesis de Matagalpa y Estelí. También se incluyeron agresiones generales hacia todas, con un total de 206. Por otro lado, se registraron nueve ataques hacia el Estado del Vaticano, y las diócesis que registraron menos agresiones fueron Siuna y Juigalpa.
“Las autoridades policiales previamente advierten a los obispos y sacerdotes acerca del impedimento mediante llamadas telefónicas o visitas de cortesía, pero se aseguran de no dejar evidencias o pruebas escritas de la prohibición para luego hacer creer a la población y comunidad internacional de que si se suspende la actividad es porque la iglesia lo decidió de esa manera” denunció Molina.
Periodista: Elison Altamirano
