La Asociación Acción Colectiva por la Inclusión, Desarrollo y Derechos Humanos (ACIDHU) a través de su programa de investigaciones Observatorio para la Participación e Incidencia Nacional (OPINA) ha dado a conocer los resultados de su informe investigativo “Estamos aquí: Diagnóstico de acceso a educación y empleo de personas jóvenes nicaragüenses en condición de movilidad humana en Costa Rica y estrategias para su inclusión”.
Realizado en el marco del Proyecto Horizonte Nica y financiado por la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE) y su programa RedProdePaz Nicaragua, el estudio destaca las dificultades que enfrentan las juventudes migrantes nicaragüenses para integrarse social y económicamente. También subraya la persistencia de la discriminación, la xenofobia y el acoso, especialmente hacia mujeres y la población LGBTIQ+ migrante, y la necesidad de políticas públicas inclusivas.
Diana Silva Carballo, parte del equipo investigador que llevó a cabo este trabajo, expresa que la migración nicaragüense hacia Costa Rica ha aumentado a partir del estallido social de 2018 y que esta [la migración] ha significado desafíos de integración, cultural, social y económica.
“Son desafíos que si bien, no se podrán resolver de la noche a la mañana, es necesario identificarlos, evaluarlos y sobre ponerlos, para identificar acciones que puedan encaminar su solución”, subrayó.
Entre los datos destacados, Silva Carballo comenta que solo el 38% de las personas encuestadas han tenido acceso a la educación formal en Costa Rica, debido a las barreras económicas, falta de documentos académicos de su país y el caso de la población Miskitu incluyen las barreras idiomáticas.
También identifican que el 22% ha sufrido discriminación laboral basada en apariencia, orientación sexual y género, origen étnico y nivel educativo, para Silva Carballo, este resultado se corresponde con que solo el 18% está familiarizados o conoce las leyes laborales en el país.
Alexander Reyes Guevara, investigador principal de OPINA y representante de ACIDHU en Costa Rica, comenta que, aunque el porcentaje que denuncie experiencias de discriminación sea bajo, no se traduce en que efectivamente estas situaciones hayan disminuido. Para Reyes Guevara, estas cifras tienen que ver con que la población migrante, aun no cuenta con suficientes herramientas o conocimiento sobre sus derechos. “Si uno no tiene información, no sabe como nombrar lo que le pasa”, dijo.
También agregó, que esta falta de información o conocimiento sobre leyes debería suponer un llamado de atención a las organizaciones civiles nicaragüenses que operan en Costa Rica.
“Quiere decir, que nuestro trabajo con la población migrante en temas de derechos humanos no ha sido suficiente ni adecuada para solventar y nos corresponde a todas nosotras, hacer frente a este desafío porque son nuestra gente”, mencionó.
En la investigación, participaron 100 jóvenes nicaragüenses que viven en diferentes zonas de Costa Rica e incluyó la participación de población Miskitus, LGBTIQ+, juventudes de la zona norte del país y en menor medida, mujeres trans y población afrodescendientes.
El informe también propone estrategias como la capacitación docente en diversidad cultural, la adaptación del currículo escolar, políticas laborales inclusivas y programas de mentoría. Además, recomienda la participación de la comunidad migrante en la toma de decisiones a nivel local y nacional.
“Si los Estados pusieran atención a este tipo de recomendaciones, muchas cosas se pudieran mejorar y significaría un aporte al desarrollo del país que acogen a las personas migrantes, en este caso, Costa Rica», añadió Silva Carballo.
La crisis sociopolítica y económica en Nicaragua desde 2018 ha sido una de las principales causas de este aumento, con un incremento en el número de solicitudes de refugio presentadas por personas de nacionalidad nicaragüense, tanto de quienes ingresaron recientemente al territorio costarricense como de aquellos que ya residían en Costa Rica en situación migratoria irregular. Para 2022, 186,998 nicaragüenses habían solicitado refugio en Costa Rica.
Periodista: Guadalupe Solís Lacalle
